Mujeres de la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, en La Plata, mantienen una huelga de hambre desde el miércoles para exigir una mesa de diálogo con las autoridades y jueces a fin de que se garanticen las condiciones carcelarias durante la cuarentena.
Alejandra tiene 29 años y cursa su quinto mes de embarazo. Está presa en la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, en La Plata.Es madre primeriza y aún no pudo escuchar el latido del corazón de su bebé porque -dice- la “agarró la pandemia” y no autorizan su traslado a un centro médico para hacerse una ecografía. A los temores que tiene cualquier madre, en su caso se suman el miedo al contagio del virus en un contexto de hacinamiento y la incertidumbre de dónde y cómo va a parir. “Tengo miedo a que el virus entre a la cárcel porque no hay medidas de higiene y me preocupa qué va a pasar cuando tenga que parir. Tengo fecha para agosto y no sé qué hospital va tomarme en estas condiciones. Además, mi familia no va a poder acompañarme y voy a tener que enfrentar esta situación sola”, dijo a minutouno.com.
Junto a otras cuatro compañeras del pabellón de madres de la unidad 33 -otra también embarazada y 3 mamás con sus tres bebés, ninguno mayor a los 6 meses- decidieron grabar esta semana un video que se difundió en redes en reclamo de una resolución de la justicia al pedido de las prisiones domiciliarias. En las imágenes se las con los nenes en brazos, con tapabocas y en una celda con paredes retrabajadas y un techo en que resaltan las manchas de humedad. “Les queremos contar una realidad que nadie les muestra”, dice una de ellas. “Ni mis compañeras, ni los chicos, ni yo; somos violadores, tampoco matamos a nadie”, dice otra y terminan preguntando: “Qué alguien nos diga, jueces, ministros, gobernadores, ¿qué están esperando? ¿qué el virus entre en la cárcel?”. .
Con el inicio de la pandemia todas solicitaron la prisión domiciliaria. Frente al silencio judicial iniciaron, junto a las otras presas, una protesta el pasado miércoles que incluye una huelga de hambre, para todas aquellas que no están amamantando.Casi 200 presas piden por los derechos de las madres con hijos y embarazadas y otras mujeres que son parte de la población de riesgo, de las Unidades Penitenciarias N° 33 y N° 8 de Los Hornos.
En total, en ambas unidades penitenciarias son 17 las madres con hijos y 3 están embarazadas. Además, en el pabellón 7 de la 33 hay 5 mujeres con enfermedades de riesgo y en el pabellón 11 hay otras 7 con patologías.
Según relataron, hasta el momento no hay presas con covid-19 pero el mayor riesgo de contagio viene del personal que entra y sale del lugar, porque no se respeta el protocolo de sanidad, distanciamiento e higiene. Aseguraron que más allá del uso tapabocas, no se tomaron medida extras por la situación de coronavirus. El personal no usa guantes y escasean los productos de higiene para la población.
Ana, quien está detenida en la unidad 8 dijo a este medio que de vez en cuando les entregan un poco de jabón líquido y lavandina rebajada con agua. “Nosotras nos encargamos de la higiene como podemos. Nuestras familias nos van haciendo llegar cosas de limpieza. Como se suspendieron las visitas nos mandan por encomiendas, que muchas veces tardan”.
Superpoblación carcelaria y una justicia demorada
Como toda crisis, la crisis sanitaria que transita la Argentina por la pandemia del coronavirus dejó al descubierto grandes falencias que tiene nuestra sociedad. Una de ellas es la situación del sistema carcelario. El hacinamiento, la superpoblación y las condiciones insalubres en las que viven las y los presos, desde hace décadas, pronto convirtieron a las cárceles en posibles focos de contagios masivos.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) relevó en su último informe -de 2018- que de 94.883 personas privadas de libertad, 4.362 son mujeres y 162 están con sus hijos e hijas. En tanto, las estadísticas de la Provincia de Buenos Aires arrojan además números alarmantes en cuanto al hacinamiento de la población carcelaria. En octubre de 2019 el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó una capacidad de alojamiento de 28.810 personas mientras que en total albergaba 49.452 personas.
Rosana Locascio es abogada y docente del programa UBA XXII educación en contextos de encierro. A mediados de marzo, con el avance del coronavirus en nuestro país decidió comenzar a colaborar con diferentes unidades penitenciarias, supliendo las actividades de los defensores oficiales. Presentó habeas corpus individuales y colectivos para las unidades de mujeres. Sobre las presas de la unidades penitenciarias 8 y 33 de Los Hornos aseguró que la mayoría ellas cometieron delitos contra la propiedad o narcomenudeo, delitos que no son violentos. “Muchas pueden ser consideradas para cumplir la prisión domiciliaria, pero a muchas se las negaron o las tienen esperando. Las madres con hijos y embarazadas deberían tener el beneficio”, apuntó.
Días atrás, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires decidió, en base a lo aconsejado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgar parámetros generales para que los juzgados puedan otorgar prisiones domiciliarias a personas de riesgo, a embarazadas, madres con niños y personas que ya están en condiciones de obtener beneficios como salidas transitorias. El fiscal de casación interpuso un recurso extraordinario que casación se lo negó, y entonces se fue en queja ante la corte de la Provincia, la corte aceptó el recurso, con lo cual el fallo de casación no quedó firme. Pese a que fue presentado como un obstáculo para el otorgamiento de las domiciliarias, éstas pueden otorgarse analizando cada caso en particular.
Para Locascio, que la Corte revise el fallo no influyó tanto en la toma de decisiones de los jueces como el tratamiento mediático que se le dió al tema de las prisiones domiciliarias. ”Se hizo una campaña sucia diciendo que se habían liberados más de 20.000 personas cuando en Provincia se liberaron 2.000 y en Nación 800. Muchas de las cuales estaban en condiciones de salir aun sin Covid 19. El clamor social hace que los jueces no firmen los beneficios que los detenidos ya poseen por derecho”.
Según la Asociación Civil La Cantora, que presentó un habeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación bonaerense, existe la sobrepoblación carcelaria en la provincia por lo que “26.000 presos que deberían estar excarcelados con morigeración o a la espera del juicio en su domicilio”. Más del 45% de quienes están privados de su libertad no cuentan con una condena firme.
Gladys tiene 54 años y es diabética e insulino dependiente. Vive también en la Unidad 33, pero en un pabellón común desde hace más de dos años, cuando fue condenada por tener dos gramos de cocaína y la condenaron a 3 años. Pidió la prisión domiciliaria por su salud. “Muchas estamos en condiciones de pedirlo. Acá no se está respetando nuestro derecho, ni el de los niños. Es una situación que ya venía de antes, el poder judicial viene atrasado desde hace rato pero ya no podemos esperar porque corre riesgo nuestra vida”.
La protesta, contó Gladys, se basa en el reclamo de sus derechos, busca “que alguna autoridad los atienda y vean las pésimas condiciones en que vivimos”. Piden que se abra una mesa de diálogo con las autoridades penitenciarias y provinciales.
Betina,de 56 años, contó que lleva 6 días tomando sopa. Está condenada a cuatro años por venta de estupefacientes y como es hipertensa cardíaca pidió el beneficio de la domiciliaria.“Ya cumplí tres años y tres meses. Las condiciones en las que vivimos y viven los niños con las madres no es buena. Acá somos muchas, hay mucha humedad, la alimentación y la higiene no son buenas. No tuvimos ninguna medida extra por el Codivd-19”, relató.
Locascio reveló que el pasado viernes los guardiacárceles amenazaron a las presas con sacarles los teléfonos, con los que se comunican con el mundo exterior, y con apartarlas de sus hijos para que suspendan la protesta.
“Nosotras pedimos lo que nos corresponde”, reclama Gladys, quien fue elegida como vocera de sus compañeras, “acá hay madres que cumplieron tres cuartos de su condena y no les dan el arresto domiciliario.No están respetando las leyes ni nuestros derechos, estamos presas pero seguimos siendo ciudadanas de este país”.
En tanto no reciban una respuesta judicial, o de las autoridades penitenciarias o del gobierno provincial convocándolas a una mesa de diálogo, las presas aseguran que continuarán protestando y con la huelga de hambre.
