También allanó las casas de siete funcionarios que están siendo investigados en la causa del fentanilo contaminado, que provocó 96 muertes hasta el momento.
Ernesto Kreplak, juez de la causa, ordenó los procedimientos con el objetivo de reunir información clave, mientras intenta indagar acerca de la presunta falta de control a HLB Pharma, el laboratorio involucrado en el caso.
Los operativos fueron realizados en la sede central de la ANMAT, en la Avenida de Mayo al 800; la del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en Avenida Caseros 2161; y los domicilios particulares de la administradora de la ANMAT, Agustina Bisio; la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil; la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut; y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Lalín.
A todos ellos se les secuestraron sus teléfonos, según informaron fuentes de la causa a TN. El objetivo de los diferentes procedimientos fue, además, la búsqueda de elementos de prueba con relación a “las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”.
Bisio, titular de la ANMAT, había sido respaldada públicamente por el ministro de salud, Mario Lugones, quien la confirmó al frente del organismo.
Con Mantecón Fumado ocurrió lo contrario: el 21 de agosto fue apartada de su cargo al frente del INAME luego de que se conociera la filtración de un documento interno que el organismo no habría tramitado con la urgencia que requería. Ese informe estaba vinculado al laboratorio Ramallo, que fabricaba exclusivamente para HLB Pharma y donde se produjo el fentanilo contaminado.
Según fuentes oficiales, la falta de reacción inmediata ante ese documento fue determinante para que se avanzara con el apartamiento de la exfuncionaria. Al día siguiente, el Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán en su reemplazo.
La investigación
El 20 de agosto, la fiscal federal Laura Roteta impulsó la investigación para determinar la responsabilidad de la ANMAT en el caso: busca indagar si la tarea de los organismos públicos encargados de controlar de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los hechos investigados.
El expediente sobre el fentanilo mortal, que suma hasta el momento ya 17 imputados y 7 detenidos, dejó expuesta no solo la falta de controles para evitar la muerte por intoxicación de casi un centenar de personas, sino también el desvío al mercado ilegal de ampollas de ese opioide.
El detenido más complicado en la causa es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado y a quien se le imputan delitos que pueden alcanzar hasta los 25 años de prisión.
