El
caso de la oficial Nicole V., que fue
suspendida por
grabar videos eróticos con el
uniforme de la
Policía de la Ciudad, despertó
nuevas sospechas. Un
abogado pidió a la
Justicia Federal que investigue el episodio como
trata de personas con
fines de explotación sexual.
El
planteo judicial llega pocos días después de que la fuerza porteña apartó a la joven por
conducta “indecorosa”, luego de que se viralizaran
videos en TikTok e
Instagram en los que se la veía bailando, posando y jugando al pool con la
camisa bordó y el
pantalón táctico.
Hasta el momento, el
caso se movía dentro de un
expediente administrativo. Pero para el
abogado Rodrigo Tripolone, lo que circula en redes no puede analizarse solo como una falta disciplinaria. En un escrito,
advirtió que existen “
indicios de un entramado más complejo” y reclamó que se actúe “de manera urgente”.
Según la denuncia, que fue presentada en el
Juzgado Federal de Tres de Febrero, la
policía suspendida sería la figura central de una serie de cuentas de
redes sociales que publican
contenido erótico monetizado y que muestran
producciones compartidas con otras mujeres jóvenes.
“Lo que me llama la atención es el morbo de
la gente que no logra dimensionar el hecho. Habría
una o varias víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Seguramente que detrás funcione una
organización que capte personas con fines de
explotación sexual. Hay que tener más conciencia”, alertó el abogado.
Tripolone sostiene que la
agente aparece en
numerosos videos con el uniforme reglamentario completo, con insignias visibles y el uniforme como parte del atractivo de la cuenta. En su
biografía de Instagram, además,
figura un enlace a una página de
contenido pago, algo que también llamó la atención del denunciante.
En el escrito presentado ante la
Justicia mencionó que la oficial aparece junto a otras jóvenes, entre ellas una mujer que se presenta como
Janice S., que supera el
medio millón de seguidores. También hay otra joven,
Isabella S., con más de
200 mil seguidores. Ambas habrían grabado
contenido en conjunto con la policía suspendida.
En varios videos -considera el abogado- hay un
mismo entorno, supuestamente un
barrio privado o un
espacio de alto poder adquisitivo en la
provincia de Buenos Aires, donde se
repiten escenografías y
estilos de producción. Para
Tripolone, ese
patrón sugiere “
coordinación, planificación y un posible
modelo económico organizado”. Incluso menciona la presencia de al menos un hombre en los videos.
La denuncia
no descarta la posibilidad de que participen
mujeres extranjeras o
menores de edad, algo que pide verificar “con urgencia”. También remarca que el
uso del uniforme policial podría ser una
herramienta de captación o
legitimación ante terceros.
El contexto de la presentación judicial se suma al
proceso interno que la agente ya enfrenta dentro de la
Policía de la Ciudad. Según reveló TN,
Nicole V. estaba de
licencia médica por “
estatus convulsivo” y a la espera de una
junta médica cuando se viralizaron sus videos.
Aun así, continuaba
muy activa en
redes sociales, donde acumula cientos de miles de visualizaciones y
promociona una
cuenta de OnlyFans. Allí se describe como “morocha, oficial de la policía argentina” y promete un “lado más atrevido” en su contenido privado. En las últimas horas,
volvió a abrir una nueva cuenta de Instagram.
La semana pasada, la
Policía de la Ciudad concluyó que la conducta de la agente “
afecta el prestigio institucional” y que el uso del uniforme
viola la Ley 5688 de Seguridad Pública. Por eso fue
pasada a disponibilidad, mientras analizan si podrá regresar a sus funciones.
Ahora, la reciente denuncia busca llevar el tema al
ámbito federal. En el escrito, el
abogado solicitó medidas urgentes, como que se preserve todo el contenido de las cuentas mencionadas en
Instagram,
TikTok,
Telegram y
X; que se
identifique a los
usuarios,
correos,
IP y
teléfonos asociados; que se
determine la
identidad de todas las mujeres que aparecen en los
videos y que se les
ofrezcan medidas de
protección, según la
Ley de Trata.
También pide que la
Policía de la Ciudad informe el legajo de la agente, su situación administrativa, sus
domicilios denunciados y los
sumarios vigentes. Además, solicita la
intervención de PROTEX, la
Procuraduría especializada en
trata y explotación sexual, para que analice el caso.
El
juez federal que reciba el expediente deberá decidir si los indicios señalados por el abogado justifican la
apertura de una investigación formal.
Si eso ocurre, el caso podría pasar de una
polémica en redes sociales a un
proceso penal contra la policía por
posible captación,
facilitación o
explotación sexual bajo apariencia de “contenido erótico casero”.
