Psiquiátrico del horror en Baradero: otra muerte de un paciente a golpes

No fue la primera vez. Elizabeth Zurita murió este martes a los 33 años en el hospital Lino Piñeiro de Baradero por complicaciones cardiorrespiratorias tras llegar salvajemente golpeada del psiquiátrico Asociación Pro Ayuda Al Niño Discapacitado (APAND), institución que cobija a pacientes psiquiátricos graves. Un médico de guardia llamó a la Policía Bonaerense cuando llegó en un remis con la cara púrpura, ensangrentada. Para la familia de Elizabeth, y para muchos en Baradero, fue golpeada en el psiquiátrico mismo.

La muerte de Zurita y el llamado a la Bonaerense dispararon una investigación por lesiones en la UFI Nº9 de Baradero a cargo del fiscal Vicente Gómez, que ordenó allanar la clínica, y una rebelión en las calles de la tranquila ciudad bonaerense, cuyos habitantes se encontraban inquietos ante un nuevo caso de muerte en el psiquiátrico. Elizabeth no era la primera.

El último caso judicializado de una muerte violenta que involucra a APAND fue el de Elvio Álvarez, otro paciente internado en el instituto con un retraso mental profundo producto de una meningitis que llegó al hospital de Baradero en 2016 con marcas de golpes y una neumonía. Murió un año después luego de ser trasladado al sanatorio Güemes en la ciudad de Buenos Aires. Elvio, oriundo la ciudad bonaerense de Salliqueló, tenía 30 años. Había enfrentado episodios de epilepsia desde sus nueve años de edad.

En la causa judicial iniciada para que se investigara el fallecimiento, Juan Álvarez –padre de Elvio– declaró haberlo visto en varias visitas realizadas desde su internación en 2002 con golpes evidentes.

Según documentos a los que accedió Infobae, Zulma, la madre de Elvio, declaró ante la Justicia que al ver cómo la directora de la institución Susana Rodríguez maltrataba a su hijo y a sus compañeros se quejó con Teresita Zuloaga, responsable de APAND, quien le dijo que si no le gustaba el trato que se llevara de allí a su hijo.

Según consta en el expediente judicial, patrocinado por la abogada Marcia Simour, Zuloaga le habría dicho a Juan Álvarez: “Si tu mujer viene a hacer la denuncia vos te quedás viudo instantáneamente”.

Zulma vivía en La Pampa y Zuloaga, según consta en el expediente, y le dijo a Juan, padre de Elvio, que le dijera a la mujer que no le convenía ir a Baradero porque la iba a pasar mal. También le exigió que desmintiera las denuncias que Zulma había realizado en una de las radios locales. Y que si la madre de Elvio no retiraba la denuncia, 70 trabajadores perderían sus puestos de trabajo.

Juan Álvarez no hizo caso ya que la gravedad de las lesiones de Elvio determinaron que fuera trasladado al sanatorio Güemes, donde los médicos señalaron que las marcas en las muñecas se correspondían a ataduras y que el paciente tenía también lesiones en la espalda.  La judicialización del caso no produjo ninguna condena por su muerte.

En febrero de este año, casi seis meses antes del fallecimiento Elizabeth Zurita, otro paciente de APAND murió en circunstancias cuestionables.

Hace pocos meses, en febrero de 2019, Hernán Patiño Cabaña formaba parte de una excursión de pacientes de paseo en la zona cuando se perdió, según dijo el personal a cargo de la expedición. Sólo dos días después el personal avisó a la Bonaerense, que encontró el cadáver ahogado en el río Baradero.

En 2006, un chico autista murió por quemaduras con agua hirviendo: se dijo que habían sido provocadas por una ducha con el agua caliente puesta a pleno. Ese mismo año la madre de una paciente internada denunció que su hija estaba “prácticamente dopada” y que “permanecía semiinclinada hacia adelante, sin moverse ni hablar” y recién se pudo recuperar después de una semana sin tomar medicación.

La Subsecretaría de Minoridad bonaerense tomó entonces la denuncia y detectósobredosis de fármacos a adolescentes bajo tratamiento psiquiátrico. También constató que varios de los internos refirieron “malos tratos” de parte de operadores que los agredían “a puños y a patadas” o “con mangueras”.

En aquel momento, el médico psiquiatra Gastón Piace, supervisor del Equipo de Salud de la Dirección de Control de Gestión de la Subsecretaría de Minoridad de la época, dictaminó sobre la medicación que recibían los pacientes: “Esas dosis que superan lo indicado pueden acarrear repercusiones en el aparato cardiocirculatorio, como alteraciones de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial”. La historia de denuncias sobre APAND, por lo visto, tiene larga data.

La doctora Marcia Simour, miembro de APEL (que organiza a abogados especializados en derechos humanos) y que fue patrocinante en el caso de Elvio Álvarez, dijo a Infobae: “En APAND se conjugan muchas cuestiones. La precarización laboral ha avanzado terriblemente y eso se ve en la salud: los que trabajan en la institución lo hacen por 12 horas por día, se les paga en negro y no están capacitados para atender a los pacientes. Tiene que haber una comisión investigadora independiente con familiares, trabajadores y organismos de derechos humanos porque este caso está sembrado de impunidad y es necesario que se investigue todo”.

—¿A qué se refiere?

—Zuloaga tiene vínculos con el poder político desde siempre. De este modo, Zuloagase garantiza el control sobre la institución que maneja y los métodos a los que somete a los pacientes y trabajadores. Cuando Antonijevich, la intendenta que pertenece a Cambiemos, fue diputada provincial, Zuloaga fue su asesora de minoridad.

Una vez más, Zuloaga no respondió durante todo el día los llamados en su celular ni el teléfono del domicilio particular y en la sede de APAND también sonaban los timbres telefónicos sin que nadie atendiera. Como tantas veces, pareciera que la muerte en los sectores más vulnerables se puede volver una costumbre, cuando no un negocio.