Los imputados habían sido sobreseídos, pero luego de un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación se resolvió a que el expediente vuelva a debate con una nueva composición del Tribunal de juzgamiento.
La banda habría trasladado y explotado al menos a ocho víctimas en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo ubicado en la ciudad de Esquina, pero tras haber sido juzgados se resolvió absolverlos, pero luego el Ministerio Público apeló el fallo y ahora se volverá a realizar un juicio.
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El fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Juan Carlos Gemignani, anuló un fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio por parte de un nuevo Tribunal contra cuatro personas acusadas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que funcionaba en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Entre los acusados, se encuentra un policía.
La decisión fue en línea con lo solicitado por el fiscal Carlos Schaefer, quien había apelado la sentencia dictada en agosto de 2015 por la cual el Tribunal Oral Criminal de Corrientes había absuelto a Irma Celina Benítez, Miguel Ángel Obaid, Fabian Leandro Quintana y Andrés Javier Quintana.
Los imputados están acusados de haber captado al menos a ocho víctimas, oriundas de diferentes provincias y países, facilitado el traslado para luego explotarlas sexualmente y quedarse con un 30% del valor de los denominados “pases”, que se habrían realizado en unas cabañas ubicadas cerca del prostíbulo y que serían propiedad de uno de los acusados.
Los roles dentro de la banda
Para el fiscal, se encuentra probado que Benítez era la persona encargada de regentear el prostíbulo así como quien se ocupaba de recibir a las víctimas y arreglar la custodia policial en el local nocturno. Su pareja, Miguel Ángel Obaid, es dueño del complejo Yemanjá, ubicado a ocho cuadras del prostíbulo, donde las mujeres eran trasladadas si contaban citas concertadas previamente. De esta manera, se habría favorecido económicamente a través de la generación de turismo y pesca que proveía anexando un “servicio de diversiones sexuales” que brindaba en la whiskería. Además, proporcionaba el traslado de un lugar a otro.
Por otro lado, contrariamente a lo que consideró el Tribunal, el representante del MPF consideró que Leandro Fabián Quintana cumplía funciones de barman, cajero y encargado del lugar cuando no se encontraban los dueños. A su vez, suministraba drogas utilizadas para tratar la disfunción eréctil, controlaba a las víctimas y las intimidaba con un arma de fuego y seleccionaba a los “clientes” que las mujeres debían “atender”.
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Finalmente, Andrés Javier Quintana, también habría cumplido un rol clave en la banda ya que pertenecía a la Policía de Corrientes y se ocupaba de “custodiar” el lugar proveyendo seguridad. De esta manera, “intimidaba a las víctimas por el solo hecho de revestir el carácter de autoridad con que lo enviste el propio poder estatal”.
“La gravedad de su participación reside en que la autoridad policial, que es la encargada de velar por la seguridad y el bienestar de las personas que conforman la sociedad, debiendo prevenir y reprimir hechos delictivos, se encontraba formando parte del delito, que debería ser reprimido por el mismo”, detalló el fiscal en su dictamen.
Y agregó: “Todas las circunstancias descriptas precedentemente descalifican por completo el argumento utilizado por el Tribunal para absolver de culpa y cargo a los acusados, razón por la que debe decretarse la nulidad absoluta del resolutorio en crisis, y dictarse un fallo conforme a derecho. En definitiva el fallo impugnado incurre en graves y serias violaciones a las reglas de la sana crítica racional”, concluyó el fiscal en su dictamen.
El caso
El hecho fue denunciado a través de una llamada anónima al Ministerio de Seguridad de la Nación, el 3 de mayo de 2013, en la que se daba cuenta que en la Ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, existía un prostíbulo en el que habría varias chicas que podrían estar siendo explotadas sexualmente. El denunciante agregó que el dueño de dicho lugar sería una persona de nombre Miguel Obaid del cual se dieron algunas características para su individualización y ubicación.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal inició la investigación que derivó en un allanamiento que se llevó a cabo ese mismo mes en que se realizó la denuncia. En esa oportunidad, ocho mujeres en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas y tres personas, Benítez, Leandro Fabian y Andrés Javier Quintana resultaron detenidas.
FUENTE: DIARIO ÉPOCA
