El fiscal Gustavo Robineau precisó que el desgrabado de todas las filmaciones recolectadas llevará tiempo, pero se pretende identificar al uniformado que efectuó el disparo. En tanto, según un informe del Observatorio de Conflicto Sociales en el Nordeste Argentino (Ocso-NEA). Entre 2010 y 2020 en esta prisión han muerto 7 personas.
Avanza la investigación por el asesinato del interno José María Candia de 22 años en los incidentes registrados la semana pasada en la Unidad Penal Nº 1. La pesquisa se centra en las filmaciones de las cámaras de seguridad de la cárcel como así también el material aportado por los presos que pudieron filmar con sus celulares la violenta represión de las fuerzas de seguridad.
En comunicación con El Litoral, el fiscal Gustavo Robineau precisó que el autor del homicidio portaba una escopeta. El calibre de la misma es la que tienen tanto agentes penitenciarios como policías.
“Está claro que en este tipo de incidentes no se puede emplear balas de plomo, por lo que, a partir del desgrabado de las filmaciones, en un minucioso estudio de secuencias, pretendemos hallar a quien cargaba el arma homicida. Es una tarea difícil que llevará tiempo”, informó el fiscal.
Por su parte el Observatorio de Conflicto Sociales en el Nordeste Argentino (Ocso-NEA) -dependiente de la Universidad Nacionalidad del Nordeste (Unne)- dio a conocer una actualización preliminar de su informe sobre Muertes por el Aparato Represivo del Estado (2010-2020) con el objeto de aportar a la visibilización del problema de la vulneración de los derechos de las personas privadas de su libertad en este contexto de pandemia y aislamiento social preventivo por el coronavirus (covid-19).
Según el informe, la provincia de Corrientes -entre 2010 y 2020- registra 57 casos: 57 personas -55 varones, 2 mujeres y 1 trans- muertas, ya sea por integrantes de fuerzas represivas (provinciales y federal) o debido a las condiciones a las que fue sometida al quedar bajo custodia del Estado. Representa una muerte cada 2 meses en los últimos 10 años.
El asesinato de José María Candia ocurrió en el marco de una huelga de hambre de 400 internos (sobre una población de 600) por celeridad en los trámites judiciales y tras la detección de un caso positivo de coronavirus en un penitenciario (a la fecha son 6 los casos, 4 tuvieron participación en las acciones represivas). El escenario fue la Unidad Penal Nº 1 de condenados, una cárcel cuya estructura edilicia principal data de 1888 y que registra una superpoblación de 40%, según los últimos datos oficiales difundidos en 2019. Entre 2010 y 2020 en esta prisión han muerto 7 personas (6 hombres y 1 trans): es la unidad penal con más casos de los 10 centros de detención manejados por el servicio penitenciario provincial.
FUENTE: TN GOYA
