El juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin Saic, manifestó su intención de que las partes busquen “una solución restaurativa” al conflicto.
Finalmente, el gobierno nacional desistió en su reclamo de que la legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual buscó intervenir al Grupo Vicentin se resuelva en la justicia contencioso administrativa federal porteña. La semana pasada, la jueza María Alejandra Biotti había rechazado esa pretensión y decidió que la constitucionalidad de la intervención se resolverá en Santa Fe. El gobierno no apeló el fallo.
El 19 de junio, el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini restituyó al directorio de la empresa al frente de la administración, y redujo el rol de los interventores designados por Alberto Fernández -Gabriel Delgado y Luciano Zarich- al de “veedores controladores”. El gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, pidió que los interventores sean restituidos en sus funciones, al igual que la provincia de Santa Fe y el propio Zarich.
Mientras tanto, también quedó abierto el planteo formulado por Vicentin respecto a la supuesta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención de la firma. El propio juez del concurso dijo que fue “una situación disruptiva consistente en la intervención del órgano de administración dispuesta por el Estado Nacional en el marco de un DNU, en miras al cumplimiento de una futura y eventual ley de expropiación de la sociedad o de su fondo de comercio”.
Lorenzini entendió que él no era el juez competente para dirimir si la decisión administrativa del presidente Fernández sobre una empresa que tiene abierto su concurso preventivo era inconstitucional, como reclamó la compañía cerealera.
Fue cuando el gobierno reclamó que esa discusión -cuyo fuero, según muchos especialistas, es por excelencia el contencioso administrativo- se traslade a la Capital Federal. Lo hizo a través de una presentación del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. El escrito se presentó ante la jueza contencioso administrativa federal porteña María Alejandra Biotti, quien sostuvo que el debate sobre el DNU correspondía efectivamente al fuero contencioso administrativo, pero de la provincia de Santa Fe.
La magistrada entendió que era contraproducente llevar un proceso a 800 kilómetros de distancia de donde está radicada la compañía en cuestión.
El gobierno podía apelar esta medida, pero finalmente, en un escrito -al que accedió Clarín- decidió “consentir lo resuelto” por la jueza Biotti, que se declaró “incompetente en razón del territorio, exponiendo que se deben radicar las actuaciones por ante los tribunales federales con competencia en lo contencioso administrativo en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.
Asimismo, el Gobierno pidió que se remitan todas las actuaciones al fuero contencioso administrativo de Santa Fe, con lo que está remarcando una vez más que no es el juez Lorenzini quien debe pronunciarse sobre la legalidad o no del DNU, en oposición a lo que pretendía el Grupo Vicentin.
El juez Lorenzini tiene a su cargo el concurso preventivo de la compañía que cuenta con 2.368 acreedores y una deuda de 100.000 millones de pesos. La verificación de esa deuda cierra el 25 de agosto, fecha luego de la cual el magistrado fijará el pasivo definitivo de la firma.
