Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez, se encuentran presas en celdas individuales en la penitenciaría de San Luis, comunicadas y en contacto con sus familiares mientras avanza la investigación judicial en la que están acusadas por el homicidio del nene de cinco años.
Las mujeres “están resguardadas a pedido de los abogados” para no ser agredidas, explicó a Télam la abogada Silvina Blanco, defensora de Páez.
Espósito Valenti y Páez recibieron una paliza cuando estuvieron detenidas en La Pampa, propinada por otras internas.
Blanco aseguró que su defendida “está abatida, angustiada y también shockeada, en el marco del proceso que atraviesan las personas por la muerte de un niño y en el que ella es una de las sospechadas de ser la autora de la golpiza que le provocó la muerte”.
“No me he reunido en estas horas personalmente con mi defendida pero sí me pude comunicar telefónicamente con ella y, en un primer momento, lo hice con las dos mujeres imputadas”, agregó.
La abogada recordó que al asumir la defensa de Páez se dirigió a la seccional sexta de Santa Rosa, La Pampa, para reunirse con las dos acusadas y dijo que luego de hablar con ellas le pareció prudente y necesario que cada una tenga un defensor.
“Estamos ante un caso dinámico, donde se está incorporando información alrespecto”, reconoció Blanco. Según su relato, no fue sino hasta el pasado viernes que tuvo acceso a la documentación y los informes que se recopiló en la causa, por lo que evalúa en breve viajar a San Luis para reunirse con su defendida.
Lucio Dupuy, de cinco años, fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último y por el hecho fueron detenidas su madre y la pareja de ésta.
Tras su muerte se descubrió que el niño había sido asistido en distintos centros asistenciales de La Pampa al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos. Sin embargo, no había denuncias de profesional al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Por tal motivo se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.
