“Una vez más quedó demostrada la desidia de los funcionarios políticos de Chaco y Corrientes y la inoperancia Prefectura Naval Argentina para poner orden y seguridad en el agua”, inicia el texto, explicando que el objetivo de la protesta de los referentes de la depredación fue por una “supuesta persecución ejecutada por ‘grupos ambientalistas’ y pedir reciprocidad de licencias para la pesca comercial, algo que esta ONG viene pidiendo desde que se formaron las mesas de trabajos en Corrientes y Chaco, al igual que la unificación de las restricciones)”.
“Tal persecución resultaron ser inspecciones en buena ley de la Brigada Operativa Ambiental (BOA) del Chaco, que demoró a malloneros correntinos pescando el lado chaqueño del río por no contar con la licencia correspondiente, requisito mínimo para justificar las toneladas de pescado que a diario se extraen sin control”, agregaron.
Además, hicieron hincapié en que “la pesca sin control va también en detrimento del motor económico para más de 100.000 familias en la provincia de Corrientes que representa la industria de la pesca deportiva. Directa e indirectamente, las localidades de itá ibaté, yahapé, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bella vista, Goya y Esquina, viven casi exclusivamente del turismo de pesca. Pagan impuestos nacionales, provinciales y locales, invierten en equipamiento y servicios y emplean a miles de personas generando millones de dólares. En tanto que un pescador comercial paga apenas $3000 al año, el equivalente a 4 kilos de surubí. Sin mencionar que en muchos casos no tienen registradas sus canoas y no cuentan con los elementos que Prefectura exige a las embarcaciones deportivas”.
FUENTE: RADIO DOS
