El Tribunal denegó el acuerdo entre los imputados y los damnificados en Corrientes, en un caso de presunta estafa piramidal y asociación ilícita. El Dr. Ricardo Sosa explicó los fundamentos legales que sostienen la decisión de la Fiscalía y el impacto para las víctimas.
La última semana de octubre, el Tribunal rechazó un acuerdo entre los imputados y los 98 damnificados, y el juicio sigue en curso. Según explicó el Dr. Ricardo Sosa, abogado y colaborador de Radio Sudamericana, “los damnificados habían acordado con los responsables un resarcimiento económico, pero el Ministerio Público se opuso al acuerdo al considerar que está en juego el orden público”.
El Dr. Sosa aclaró que la figura de “asociación ilícita” exige la presencia de otro delito como la estafa para configurarse. “Si se extingue el delito de estafa a través del acuerdo, la asociación ilícita no subsistiría, ya que no existe para cometer ‘la nada’, y en este caso, la asociación estaba dirigida a las estafas”, explicó.
Además, el Dr. Sosa se refirió a la complejidad jurisdiccional del caso, dado que Cositorto enfrenta cargos similares en otras provincias como La Plata y Río Tercero. “Existe el riesgo de una doble persecución penal por asociación ilícita en distintas jurisdicciones. La Corte Suprema ya determinó que La Plata tiene jurisdicción en algunos de estos delitos, pero subsisten causas en Corrientes y Río Tercero,” señaló el abogado.
Fuente: Radio Sudamericana
