Cien días después que se abrió la primera foja del expediente por las muertes del fentanilo contaminado, el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, cabeza del grupo empresario dueño de los laboratorios en los que se fabricaron los remedios que derivaron en la muerte de al menos 96 pacientes internados en hospitales de distintos puntos del país. García Furfaro se entregó esta noche ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según confirmaron fuentes del caso a Clarín.
El dueño del laboratorio HLB Pharma quedó expuesto desde el comienzo de la investigación por las irregularidades, las alertas de incumplimiento de las Buenas Practicas de Fabricación (BPF) de medicamentos y por su perfil de empresario controvertido. El hombre, de 49 años, ya cumplió una condena en una cárcel de la Provincia por tentativa de homicidio.
Las órdenes de detención del juez Kreplak alcanzaron a otras nueve personas, que ya fueron todas detenidas, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
Entre esos detenidos están los hermanos Hernán y Diego García Furfaro; quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de esa empresa, Laboratorios Ramallo y otras firmas vinculadas al mercado de los fármacos. También se dispuso la detención de la madre, Nilda Furfaro, quien presidió una de las empresas.
Los operativos se realizaron desde la tarde de este miércoles en 10 domicilios y sedes comerciales, según pudo confirmar Clarín de fuentes judiciales. Y fueron llevados a cabo por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería Nacional (GNA).
El juez Kreplak también ordenó detener al director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; y el de HLB, José Antonio Maiorano.
La misma medida de restricción aplica a los accionistas y autoridades Ramallo: su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.
Esta noche, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó a través de su cuenta de X que se concretaron las capturas de Damián García, Diego García y Tallarico. “El que las hace las paga”, tituló la funcionaria su posteo en la red social.
Pasadas las 22.30, la Policía había logrado detener a los 10 involucrados en este proceso. Ariel Fernando García, el último en quedar detenido, no estaba en el country San Diego, de Moreno, donde vive. Se entregó en una sede de la PSA.
En ese barrio privado de Moreno vive también -en otra residencia- su hermano, Diego. Este sí fue esposado. Damián fue detenido en otro barrio privado: San Patricio.
La decisión del juez se conoció un día después que el magistrado recibiera un informe del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte en el que establece que por lo menos en 12 de las historias clínicas de los pacientes afectados con el fentanilo contaminado, hubo un “nexo concausal” entre la muerte de esas personas y la bacteria que contenían las ampollas que suministró HLB a los centros asistenciales.
Esa prueba también pudo comprobar con “certeza científica la identidad fenotípica, molecular y genómica, entre las muestras clínicas remitidas y las recuperadas del lote 31.202 de fentanilo HLB Pharma”. Es decir: que las bacterias con las que se habían contagiado los pacientes coinciden genéticamente en todo con las que contenían las ampollas que proveyó el laboratorio que pertenece a Ariel García Furfaro.
También ocurre menos de una semana después de que el caso tomara altura en el debate político. En un acto de campaña que encabezó en La Plata, el presidente Javier Milei pidió la detención de García Furfaro. En el atril de un club de barrio Milei habló por primera vez del tema y apuntó al kirchnerismo por el “encubrimiento atroz” de García Furfaro.
“Dedicaron tantos años a colonizar los niveles del Estado que pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad”, dijo. Y también cuestionó al juez: “¿Acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?”.
La diatriba derivó en una respuesta del juez, quien le recordó “al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”.
Fuentes con acceso a la investigación aseguraron a este diario que el juez tuvo en cuenta para disponer las privaciones de libertad a diez presuntos involucrados, otra pericia que -tal como se adelantó- era clave: la hizo el instituto Malbrán sobre la base de los reportes de producción (batch record, en la jerga de la industria farmacéutica) de los lotes que terminaron infectados con dos bacterias letales.
Había indicios de situaciones irregulares en ese proceso de fabricación. La ANMAT a través del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hizo una primera evaluación que detectó una veintena de inconsistencias en la elaboración de cinco lotes entre los que estaban el 31.202 que, luego se comprobó, estaba afectado por las dos bacterias.
En ese trabajo que solicitó Kreplak a los peritos del Malbrán habría quedado en evidencia la responsabilidad de los directores técnicos; los directivos y por transición, los propietarios de los laboratorios. Se estaría en presencia de una maniobra dolosa. O al menos de “dolo eventual”. Porque los expertos que deben elaborar productos de alta sensibilidad sanitaria deben saber que si no cumplen con las normativas estrictas de fabricación pueden ocasionar muertes.
Eso fue lo que ocurrió. En abril de este año los terapistas del Hospital Italiano de La Plata advirtieron que casi todos los pacientes que estaban internados atravesaban cuadros severos de infecciones. Eran bacterias no habituales en ese centro asistencial y decidieron hacer un estudio. Constataron que todos tenían un punto en común: habían recibido fentanilo en la versión ampollas de 0,5 ml del laboratorio HLB Pharma. Enviaron los resultados a ANMAT y el 12 de mayo el organismo regulador ordenó suspender la venta de remedios de esa firma. Y un día después presentó una denuncia que quedó en el juzgado de Kreplak.
Se realizaron allanamientos a las sedes empresarias, a oficinas y a domicilios. Luego también resultó clausurada la droguería Alpharma, propiedad de los García Furfaro, y comercializadora de los productos HLB y Ramallo. El 23 de mayo la justicia inhibió los bienes y dispuso la prohibición de salida del país de 24 personas. Toda la familia de García, empresarios ligados a sus negocios y otros directivos allegados.
El número de víctimas pasó de algo más de una decena que se detectaron al inicio del proceso, a 96 que hasta este momento tiene corroborado el juez que recibieron el remedio y luego murieron. Se supone que puede haber más, aun cuando ANMAT y las autoridades sanitarias de todo el país lograron recuperar la totalidad de las ampollas de los lotes sospechados de contaminación.
Hasta hace una semana, Ariel García Furfaro seguía con su actividad farmacéutica, aun cuando desde el ANMAT decían que estaba imposibilitado de actuar. Fue a un remate donde se ponían a la venta 13 licencias para fabricar remedios. El mismo intervino en la subasta. No logró adquirir los permisos. En las próximas horas estará, otra vez, en un calabozo o una celda penitenciaria.
