En la apertura de las XXX Jornadas de Derecho Civil en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés respondió a críticas judiciales sobre la ley de narcomenudeo y pidió que se aplique. El juez de la Corte Suprema llamó a un abordaje integral y coordinado del narcotráfico.
“El Poder Judicial tiene que aplicar la ley. La sanción corresponde la Legislatura de la Provincia, es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Más allá de estar de acuerdo o no, tienen que aplicarla”, respondió el gobernador Gustavo Valdés cuando los periodistas lo abordaron minutos antes del acto de apertura de las XXX Jornadas de Derecho Civil que se celebran en Corrientes.
Como se trata de un tema caliente en la provincia, los periodistas aprovecharon la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para conocer su opinión. El magistrado evitó confrontar, reconoció que hay distritos que avanzaron en provincializar el combate de la venta minorista de drogas y otros que no, pero resumió: “Hay que afrontar el narcotráfico de forma integral y en cooperación con los organismos federales y entre las propias provincias”.
Las declaraciones de Valdés fueron una respuesta a la difusión de la postura crítica de jueces, fiscales y funcionarios judiciales provinciales y federales que expusieron ante la Cámara de Diputados de la provincia, donde sigue trabada la sanción definitiva de la norma impulsada por el Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción del Senado.
Esa reunión se realizó en el Palacio Legislativo el martes 24 y contó con la participación de ministros del Superior Tribunal de Justicia, jueces, fiscales y representantes de juzgados federales con asiento en la capital. Allí, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, Diego Núñez Huel, sostuvo: “Nuestra posición es contraria a la ley”, argumentando problemas presupuestarios y recordando que la reforma del Código Procesal Penal no recibió la “inyección presupuestaria necesaria”. “Con escaso presupuesto, la Justicia correntina debería hacer frente a estos delitos que son entre el 60% y 70% de las causas narco”.
Para César Sotelo, fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, los recursos económicos deberían provenir del Estado nacional. Recordó que en acuerdos anteriores la Nación nunca cumplió con lo pautado. “No nos van a dar ni para un chicle Bazooka”, apuntó, y agregó que la pelea no será contra el kiosquero, sino contra las grandes bandas criminales.
Por su parte, el especialista en derecho penal del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, señaló que el texto en debate tiene fallas, ya que habilita a un fiscal a ordenar un allanamiento, “lo que es inconstitucional porque solo un juez está habilitado”.
Panseri, al igual que su colega Alejandro Chaín y Núñez Huel, criticó también la falta de previsión presupuestaria para instrumentar la legislación y la insuficiente infraestructura carcelaria para albergar a los potenciales detenidos que podría generar la aplicación de la norma, todavía en discusión en la Legislatura, que entre las vacaciones de invierno, el proceso electoral provincial y la campaña nacional sigue sin sesionar.
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