El caso de la oficial Nicole V., que fue suspendida por grabar videos eróticos con el uniforme de la Policía de la Ciudad, despertó nuevas sospechas. Un abogado pidió a la Justicia Federal que investigue el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual.
El planteo judicial llega pocos días después de que la fuerza porteña apartó a la joven por conducta “indecorosa”, luego de que se viralizaran videos en TikTok e Instagram en los que se la veía bailando, posando y jugando al pool con la camisa bordó y el pantalón táctico.
Hasta el momento, el caso se movía dentro de un expediente administrativo. Pero para el abogado Rodrigo Tripolone, lo que circula en redes no puede analizarse solo como una falta disciplinaria. En un escrito, advirtió que existen “indicios de un entramado más complejo” y reclamó que se actúe “de manera urgente”.
Según la denuncia, que fue presentada en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, la policía suspendida sería la figura central de una serie de cuentas de redes sociales que publican contenido erótico monetizado y que muestran producciones compartidas con otras mujeres jóvenes.
“Lo que me llama la atención es el morbo de la gente que no logra dimensionar el hecho. Habría una o varias víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Seguramente que detrás funcione una organización que capte personas con fines de explotación sexual. Hay que tener más conciencia”, alertó el abogado.
Tripolone sostiene que la agente aparece en numerosos videos con el uniforme reglamentario completo, con insignias visibles y el uniforme como parte del atractivo de la cuenta. En su biografía de Instagram, además, figura un enlace a una página de contenido pago, algo que también llamó la atención del denunciante.
En el escrito presentado ante la Justicia mencionó que la oficial aparece junto a otras jóvenes, entre ellas una mujer que se presenta como Janice S., que supera el medio millón de seguidores. También hay otra joven, Isabella S., con más de 200 mil seguidores. Ambas habrían grabado contenido en conjunto con la policía suspendida.
En varios videos -considera el abogado- hay un mismo entorno, supuestamente un barrio privado o un espacio de alto poder adquisitivo en la provincia de Buenos Aires, donde se repiten escenografías y estilos de producción. Para Tripolone, ese patrón sugiere “coordinación, planificación y un posible modelo económico organizado”. Incluso menciona la presencia de al menos un hombre en los videos.
La denuncia no descarta la posibilidad de que participen mujeres extranjeras o menores de edad, algo que pide verificar “con urgencia”. También remarca que el uso del uniforme policial podría ser una herramienta de captación o legitimación ante terceros.
El contexto de la presentación judicial se suma al proceso interno que la agente ya enfrenta dentro de la Policía de la Ciudad. Según reveló TN, Nicole V. estaba de licencia médica por “estatus convulsivo” y a la espera de una junta médica cuando se viralizaron sus videos.
Aun así, continuaba muy activa en redes sociales, donde acumula cientos de miles de visualizaciones y promociona una cuenta de OnlyFans. Allí se describe como “morocha, oficial de la policía argentina” y promete un “lado más atrevido” en su contenido privado. En las últimas horas, volvió a abrir una nueva cuenta de Instagram.
La semana pasada, la Policía de la Ciudad concluyó que la conducta de la agente “afecta el prestigio institucional” y que el uso del uniforme viola la Ley 5688 de Seguridad Pública. Por eso fue pasada a disponibilidad, mientras analizan si podrá regresar a sus funciones.
Ahora, la reciente denuncia busca llevar el tema al ámbito federal. En el escrito, el abogado solicitó medidas urgentes, como que se preserve todo el contenido de las cuentas mencionadas en Instagram, TikTok, Telegram y X; que se identifique a los usuarios, correos, IP y teléfonos asociados; que se determine la identidad de todas las mujeres que aparecen en los videos y que se les ofrezcan medidas de protección, según la Ley de Trata.
También pide que la Policía de la Ciudad informe el legajo de la agente, su situación administrativa, sus domicilios denunciados y los sumarios vigentes. Además, solicita la intervención de PROTEX, la Procuraduría especializada en trata y explotación sexual, para que analice el caso.
El juez federal que reciba el expediente deberá decidir si los indicios señalados por el abogado justifican la apertura de una investigación formal. Si eso ocurre, el caso podría pasar de una polémica en redes sociales a un proceso penal contra la policía por posible captación, facilitación o explotación sexual bajo apariencia de “contenido erótico casero”.
