Ante las supuestas irregularidades detectadas y denunciadas en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Pueblo Libertador, este viernes el Ministerio de Educación de la Provincia a través de la directora de Enseñanza Privada, María Elisa Mariño, que se llegó hasta la localidad, notificó el nombramiento como Delegada Normalizadora de la institución, a la profesora Mónica Juaní. Según la funcionaria, su función consistirá en “trabajar junto con el rector, Pedro Ortiz, y la secretaria, para sacar adelante esta EFA y solucionar los problemas”.
En este marco, la funcionaria provincial aseguró que el rector Ortiz “deberá continuar en su cargo, porque es lo que corresponde”, pero la Dirección de Enseñanza Privada decidió nombrar por medio de la emisión de una cédula, a una profesora que será la normalizadora. Explicó que la principal responsable del funcionamiento del establecimiento educativo es la representante legal, nombrada por la Comisión de padres, que es la entidad propietaria de la EFA, y que en ese momento no se encontraba justificando su ausencia por “un parte de licencia”, en referencia al cual todavía no presentó el certificado médico correspondiente.
Al respecto, Mariño solicitó a la representante legal que “eleve a la Dirección de Enseñanza Privada el certificado, para tomar conocimiento fehaciente” de su estado de salud, a lo que recibió como respuesta que el próximo martes se concretará dicho trámite. También contó que se acordó una reunión para el 1 de agosto a las 11 horas con la representante legal, la Presidente de la Comisión de padres, los docentes, directivos y la Normalizadora.
Si bien no quiso dar muchos detalles acerca de la conversación que tuvo con los docentes, el Rector y la Normalizadora, quienes “me pidieron privacidad”, la directora Mariño aseguró que “vamos a tratar de que las cosas mejoren, porque hay una institución educativa y chicos que se merecen que esta EFA funcione bien”. Cabe recordar que el conflicto se suscitó ante el reclamo y la denuncia que hicieron algunos integrantes del cuerpo docente, por supuesta malversación de fondos y ante lo cual la Dirección de Enseñanza Privada de la Provincia decidió intervenir.
