El mandatario firmó un DNU para que el Estado pueda recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico.
El presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poner en marcha la extinción de dominio y para “que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron”.
“Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas”, aseguró el jefe de Estado al hablar en la Casa Rosada.
Macri justificó su decisión al advertir que “no alcanza con condenar a aquellos que lideran estas bandas criminales, porque mientras ellos tengan recursos van a seguir operando” y agregó que, por eso, “también hay que atacar su poder económico”.
“Hoy la Justicia penal tiene instrumentos para avanzar sobre estos bienes pero son muy lentos. Con este régimen de la extinción de dominio estamos dando un paso adelante para que la Justicia pueda además de condenar a los responsables del delito, también avanzar más rápido en recuperar esos bienes”, planteó.
El Presidente insistió al señalar que el dinero que el Estado pueda recuperar es “plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para mitigar las inundaciones y también cloaca y agua potable a todas las familias”.
La iniciativa que impulsó Macri establece un proceso civil para sacarles los bienes a aquellos delincuentes que los obtuvieron con dinero de la corrupción, delitos del narcotráfico, trata, secuestro, terrorismo y otros.
En el Gobierno nacional se ocuparon de dejar en claro que la decisión de recurrir a un DNU surgió ante las dificultades en el Congreso de la Nación que demoraron la salida de la ley sobre extinción de dominio, que en 2016 logró media sanción en la Cámara baja.
Al respecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, explicó que el DNU contempla un proceso “enteramente civil” para decomisar los bienes y resaltó que por ello se diferencia al que se diseñó con los cambios que se le aplicaron en la Cámara de Senadores.
“Asigna competencia al Fuero Civil y Comercial Federal”, puntualizó el ministro tras el anuncio de Macri y amplió: “Pretendemos que la justicia civil pueda avanzar rápidamente independientemente de lo que suceda la justicia penal”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “en estos años de gobierno hemos decomisado 23 mil millones de pesos”.
Según indicó un texto oficial al que tuvo acceso este diario, el decomiso se aplicará “una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes que prevenían del delito”.
“Será un juez el que resuelva si corresponde extinguir su dominio sobre los bienes, luego de un proceso ante la justicia civil, en el que el demandado goza de todas las garantías y posibilidades para probar si el bien ha sido adquirido con ingresos legales”, amplía el escrito.
La extinción de dominio obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en 2016 pero quedó cajoneada tras una serie de cambios que se le aplicaron en la Cámara alta.
De acuerdo al texto, el proyecto votado en Diputados permitía al fiscal, cuando se iniciaba la acción penal, comenzar el proceso para recuperar esos bienes; en cambio, la iniciativa del Senado proponía que esa medida se tome en el fuero civil y cuando ya exista al menos una condena de primera instancia
