El paquete de “medidas de alivio” lanzado por Macri tiene un costo fiscal de casi $52 mil millones que provendrán de los fondos coparticipables que reciben las provincias. Los mandatarios exigen que se los compense.
Un total de 19 gobernadores peronistas y de de las distintas fuerzas politicas provinciales criticaron duramente las medidas económicas anunciadas por Mauricio Macri por el impacto que tienen en las finanzas de las provincias. El rechazo quedó plasmado en un documento que firmaron en el marco de la reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones.
“Estamos abiertos al diálogo. Pero si no tenemos respuestas, el lunes al mediodía vamos a ir las diecinueve provincias que firmamos el documento para presentar un recurso de amparo. No para que le saquen la plata a la gente, sino para que se pague con dinero del Estado Nacional”, aseguró al terminar el encuentro el gobernador de La Pampa, Carlos Verna.
El documento firmardo por los gobernadores explican que las medidas que decidió poner en marcha el Gobierno tras la devaluación se decidió de manera “inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de donde saldrán los recursos”. Además remarca que se dispuso “inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias”.
“No discutimos las medidas, sino su financiación. Pero no se puede disponer de lo que no es propio”, aseguró el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey una vez que finalizó la reunión de los mandatarios provinciales. Como habían anticipado, los gobernadores esperan el llamado del gobierno nacional para intentar resolver un problema generado por la falta de comunicación de la presidencia con los representantes de las administraciones provinciales. “Tienen que reponer el dinero que nos sacan”, destacó Verna
Del encuentro celebrado en el Consejo Federal de Inversiones participaron los gobernadores alineados con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. También participaron del encuentro los que responden a partidos provinciales como el misionero Hugo Passalaqqua, el neuquino Omar Gutiérrez, el santafesino Miguel Lifschitz y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Tras las PASO y la megadevluación el presidente Mauricio Macri anunció un paquete de “medidas de alivio” que signficia un agujero fiscal para las provincias de 51.800 millones de pesos.
A continuación el documento elaborado por los gobernadores:
Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:
1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.
En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se esta vulnerando.
2) Estamos en grave peligro de no cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas polçiticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.
3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país en medio de este complejo momento que estamos viviendo.
4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.
Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.
Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuentael contexto actual.
