La Cámara de Casación Penal resolvió que sigan las averiguaciones para esclarecer el caso pero desestimó el pedido para investigar el accionar represivo de Gendarmería.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este jueves que continúe la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado en el río Chubut tras 72 días de búsqueda en 2017.
El tribunal rechazó los planteos de la defensa del gendarme Emmanuel Echazú y confirmó el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que ordenó reabrir la causa, informó el canal C5N.
Además, los jueces de Casación Penal rechazaron el pedido de investigar el accionar represivo de la Gendarmería Nacional en el operativo realizado en la madrugada del 1° de agosto de 2017 cerca del Pu Lof de Cushamen, en Chubut.
Los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, escucharon los planteos tanto de la defensa de Echazú como los de los querellantes: la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y la familia Maldonado.
“Las querellas recurrieron la decisión de la Cámara de Apelaciones argumentando que se descartó la comisión de los delitos de desaparición forzada u homicidio doloso. Se agraviaron de que sólo se haya mandado a profundizar la investigación de una omisión del personal de Gendarmería”, informaron fuentes de Casación a Télam.
La defensa de Echazú recurrió la revocatoria del sobreseimiento que en noviembre de 2018 había beneficiado al gendarme, un fallo del juez de primera instancia Gustavo Lleral que lo había desvinculado de la muerte de Maldonado.
Los jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia, Aldo Suárez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman habían ordenado la reapertura del caso y la realización de una serie de medidas de prueba tendientes a determinar las condiciones exactas en las que se produjo la muerte de Maldonado.
“Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”, habían sostenido los jueces.
