El Ejecutivo propuso retraer el aumento que golpea a casi 2 millones de usuarios sólo donde compartan el costo con la administración local. La Pampa y San Luis, lo más complicados.
“Si la política no me pone límites, yo voy a seguir”, decía el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a sus pares en la última reunión del Consejo Federal Energético explicando que el camino definido por la Casa Rosada respecto de las tarifas no iba a cambiar.
Ayer, en medio de la discusión de los aumentos tarifarios, el secretario de Coordinación de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, convocó de “urgencia” al Consejo que reúne a los ministros y secretarios provinciales del sector para reunirse el lunes, a las 14:30, en el Ministerio de Hacienda nacional.
La convocatoria –que a algunos funcionarios provinciales les llegó por correo electrónico pero a otros por mensaje whatsapp– tendrá como eje “discutir en el seno” del Consejo “las medidas que se han propuesto para atenuar el impacto de los nuevos cuadros tarifarios para el gas natural que se implementaron a partir del 1 de abril pasado”.
La oferta a discutir con las provincias básicamente es qué sucederá con la tarifa social.
“Se ratifica la tarifa social de gas y las limitaciones se suspenden por dos meses, a partir del 1 de mayo, dando lugar a una campaña para uso racional de gas, en las provincias que acepten compartir el costo”, explicó el radical Mario Negri al término del encuentro en la Casa Rosada.
Lo que busca discutir el Gobierno con las provincias es la propuesta de “retrotraer la tarifa social a su estado de noviembre, previo el aumento, y financiar 50/50 el subsidio”.
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ya comenzó los contactos con los gobernadores y desde Energía y Minería hicieron lo propio con los ministros provinciales. Pero no será simple.
“El problema con el que nos vamos a encontrar es, primero, que la última reunión del Consejo no terminó en los mejores términos con Aranguren explicando que el rumbo no cambia. A esto se le suma que subsidiar o no una parte de la tarifa puede ser algo simple para algunas provincias y complicado para otra. Frente a esto ¿qué van a hacer? ¿van a dejar que los habitantes de esos territorios paguen más que sus vecinos porque hay provincias ricas y otras pobres?”, señalaba un funcionario provincial que ocupará una silla el lunes en la reunión se llevará a cabo en el Salón Negro del Palacio de Hacienda.
Mientras se espera que los mandatarios provinciales, en especial los que pertenecen a la oposición, se pronuncien respecto si aceptan pagar la mitad del subsidio o que en su provincia la tarifa social sea más cara, el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, señaló que “son números de un bimestre llevaderos para una provincia. nadie debería negarse” y puso como ejemplo su provincia “que es intensiva en gas y no significará más de 15 o 16 millones de pesos”.
Según explicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su última visita al Congreso, la provincia de Cornejo tiene 323.287 usuarios residenciales y de ese total la Tarifa Social alcanza al 21% (84.082 usuarios).
Las provincias que presentan la mayor cantidad porcentual de usuarios bajo el sistema de Tarifa Social son dos gobernaciones enfrentadas a la Casa Rosada. San Luis y La Pampa tienen el 30% de los usuarios que están conectado a la red de gas con subsidio.
En segundo lugar quedan Salta (27%) seguida por Buenos Aires, San Juan y Santiago del Estero con el 26% del total de los consumidores conectados a la red con subsidio.
Las provincias del sur, que tiene consumo intensivo de gas, no sufren tanto el aumento porque tienen subsidios cruzados. “En Comodoro Rivadavia, este aumento significó un suba de $ 30, en Tierra del Fuego de $ 40, la Patagonia mantiene un subsidio de 60%.
