Vecinos de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, denunciaron la acumulación de al menos 100 cadáveres en un galpón ubicado en pleno centro distrital. El lugar no tiene refrigeración, ventilación ni las medidas de seguridad correspondientes para conservarlos. Mientras la Justicia analiza el caso, los familiares de las personas que murieron por causas diversas, esperan en algunos casos desde marzo de 2020 su turno para la cremación.
De acuerdo con la agencia OPI Tierra del Fuego, la denuncia se hizo pública en septiembre, cuando allegados a un hombre que no había muerto por coronavirus acusaron a la funeraria Ramón Oviedo de cobrarles $200.000 por la conservación del cuerpo. En aquel momento, la empresa justificó el alto costo de sus servicios a partir de la gran demanda generada como consecuencia de la pandemia.
Sin embargo, la familia decidió iniciar acciones legales luego de conocer el lugar dispuesto por la funeraria para preservar los restos. Se trataba de un galpón en el que había acumulados entre 70 y 100 cadáveres a la espera de ser cremados. Ante esta situación, hicieron la denuncia en la comisaría Primera y tomó intervención el Juzgado de Instrucción N°2 de esa ciudad, a cargo de María Cristina Barrionuevo.
“Decidimos acercarnos a las instalaciones para constatar que el cuerpo de mi suegro esté en resguardo y buenas condiciones, pero no fue así. Se encontraba en el piso de un galpón en la calle Campos. No tiene cámara de frío ni sistema de ventilación ni tampoco está acondicionado para el resguardo de cuerpos”, relató uno de los denunciantes.
Los cuerpos se acumulan desde comienzos de 2020, antes de que el coronavirus se convierta en pandemia. El papá de Sandra Sena, una vecina de la ciudad, murió el 16 marzo. El día siguiente, empezó el aislamiento en Tierra del Fuego y 72 horas después, el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena en todo el país. Desde entonces, Sandra intentó contactarse con la empresa en reiteradas ocasiones, pero afirmó que nunca obtuvo respuesta satisfactoria. Según contó, la única alternativa que le dieron fue usar un crematorio en el partido de Coronel Rosales por un costo adicional.
Luego de la difusión del caso y de la aparición de nuevos damnificados, la mujer y sus dos hermanas hicieron este lunes una denuncia penal. “Apenas 24 horas después, por correo electrónico me informaron desde la casa velatoria que para la semana próxima consiguieron un turno y que podíamos elegir cremarlo en Río Grande o en Bajo Hondo, y que no había ningún costo”, informó.
Por último, aseguró que la municipalidad se encuentra al tanto de la situación y que no hizo nada para ayudar a las familias damnificadas.
La respuesta del municipio
Tras la denuncia, la municipalidad de Ushuaia se desligó del caso y responsabilizó al Gobierno provincial.
“Nuestra responsabilidad es velar por el correcto funcionamiento del cementerio durante la pandemia. Por eso se acordó que todos los casos de COVID-19 fueran a cremación, para evitar sepultura bajo tierra. Salvo algunas excepciones religiosas específicas, en las que el féretro tiene un tratamiento de bóveda, como si fuera un nicho bajo tierra y que son autorizados por la provincia”, sostuvo Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias local en diálogo con Infobae.
Y agregó: “Más allá de la habilitación comercial que realiza la Municipalidad a la sala velatoria, la fiscalización sanitaria es de la provincia, que son quienes tienen responsabilidad en la materia”.
