El Gobierno extendió otros 30 días el decreto que prohíbe los despidos sin causa por la crisis sanitaria del coronavirus. La medida está vigente desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

La decisión fue tomada por el presidente Alberto Fernández en la reunión de gabinete económico que finalizó hace algunos minutos y que tuvo lugar en la Residencia de Olivos. El jefe de Estado mudó el habitual encuentro de funcionarios del área a la quinta presidencial para evaluar las medidas de asistencia tras la implementación del confinamiento más estricto desde el último sábado.

“Es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola, es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas”, dijo la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco al finalizar el encuentro.

La prohibición de los despidos sin causa fue una de las primeras medidas que tomó el Poder Ejecutivo ante la llegada de la crisis sanitaria. En un primer momento tuvo una vigencia de tres meses, pero sucesivamente fue extendida a pesar de la flexibilización paulatina de la actividad en la mayoría de los sectores económicos.

Antes de la pandemia, incluso, había tomado otra medida con fuerte impacto en el mercado laboral como fue la obligación de doble indemnización en caso de cesantías. En enero el Gobierno decidió prolongar ese decreto hasta fin de año. Ambas decisiones fueron cuestionadas con dureza desde el sector privado.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabeza una reunión de gabinete económico de la que participan la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace. Ciudad de Buenos Aires miércoles 19 de mayo de 2021. Foto: Irina Sanchez, prensa jefatura de Gabinete de Ministros.

En su momento, el presidente de Copal y próximo titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja había definido ese paquete como un “triple cepo” por la prohibición de despidos, de suspensiones y por la doble indemnización: “Constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, había criticado.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y del parate económico producto de la cuarentena obligatoria.

“Es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola, es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas”. (Todesca Bocco)

La decisión fue tomada por el Ejecutivo luego del intento del Grupo Techint de despedir a 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad. El jefe de Estado cargó públicamente en esa ocasión contra el titular del holding, Paolo Rocca: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le cuestionó el Presidente.

Los números oficiales muestran que, a pesar de que rigió durante casi todo el año, la prohibición de despidos no pudo detener el deterioro del mercado laboral. El empleo registrado, según la medición del Ministerio de Trabajo, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cayó en 2020 en 223 mil trabajadores, por lo que pasó a ser de 11,9 millones.

La tradicional reunión entre funcionarios que encabeza el jefe de Gabinete Santiago Cafiero suele tener lugar los miércoles, aunque por cuestiones de agenda fue mudada este jueves a Olivos. “Fue de agenda abierta”, adelantaron desde el Poder Ejecutivo.

Participaron, además de Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el de Trabajo Claudio Moroni, la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, entre otros funcionarios.

La prohibición de los despidos sin causa fue una de las primeras medidas que tomó el Poder Ejecutivo ante la llegada de la crisis sanitaria. En un primer momento tuvo una vigencia de tres meses, pero sucesivamente fue extendida.

En el tope de la agenda en Olivos estuvo el seguimiento de las medidas de asistencia que tuvieron que ser ampliadas en los últimos días por las restricciones más estrictas a la circulación y la actividad en distintos sectores.

En la última reunión de gabinete económico, un día antes de que Alberto Fernández anunciara el confinamiento más estricto, los funcionarios del área evaluaron cómo incrementar la ayuda salarial para empresas y familias a través del Repro y de la Tarjeta Alimentar.

El costo de las medidas anunciadas equivale a 1,3% del PBI, lo que implica unos $480.000 millones. Se destacaron el incremento del monto del salario complementario para trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasará de $18.000 a $22.000; esto implicará un gasto extra de $6.000 millones. Por otra parte, se incorporará el sector gastronómico al Repro y también al programa de reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.