Continúa en la ciudad de Mercedes el juicio oral en el que se juzga la responsabilidad de 9 imputados, con diferente participación, en la muerte de Serio Canteros y Julio César Canteros el 6 de agosto del 2021 en el predio conocido como Cruz Gil.
El Tribunal de Juicio es presidido por el doctor Jorge Troncoso y los doctores Juan Manuel Muschietti y María Eugenia Ballara, quienes en la jornada escucharon los alegatos de clausura de las defensas particulares y oficiales de Maximiliano Contreras, Carlos David Molina, María Magdalena Astarloa, Juan Ramón Rivero y un menor de edad al momento del hecho.
Batalla entre dos bandos
El doctor Guillermo Andrés Farquharson, defensa particular de Maximiliano Contreras, rechazó de plano la imputación de la fiscalía y la querella, y aseguró que los testigos no pudieron ubicar a su defendido en la agresión a Julio Cesar Canteros. “Nadie vio que Contreras lo atacara” sostuvo. Admitió que estuvo en el lugar porque trabaja allí desde los 8 años, y su labor era trasladar personas hasta el predio e indicó que no recibió órdenes de ninguno de los Asterloa. Los roces comenzaron con la llegada de esa familia al predio, unos 10 años atrás, señaló. Ese día él escuchó ruidos y estruendos, luego gritos e insultos, para ver en forma posterior el inicio de una batalla entre dos bandos, reseño. Para finalizar solicitó la absolución de Contreras.
Pelea provocada
Edgardo Gustavo Grimberg, a cargo de la defensa oficial de Carlos David Molina y María Magdalena Astarloa, expresó que estaba acreditado que se trató de “una pelea entre dos grupos diferenciados originado en un conflicto previo y que la pelea fue provocada”. Ratificó que la línea de investigación fue sesgada “a pesar del cúmulo de pruebas supuestamente probatorios”, los testimonios fueron parciales y contradictorios, y que “sólo tuvo en cuenta lo que las víctimas señalaron y no se abarcó a todos los protagonistas que intervinieron”.
“No se pudo establecer la secuencia de los hechos ni cómo sucedieron, porque el lugar estaba a oscuras. Fue como una película borrosa”, además de indicar que se alteró el escenario, el cual no fue resguardado. Afirmó que la pelea no tenía el fin de matar a nadie sino de resolver los conflictos “aunque alguno se extralimitó”. Sin embargo, “cada uno defendió su vida, sus intereses familiares y particulares”. Negó el ensañamiento: “fueron diferentes personas en el fragor de la pelea”.
En relación a su defendida, agradeció al Tribunal el trato que se le dispensó por haber sido madre durante el debate, dijo que se puso a disposición de la justicia de modo inmediato porque no tenía nada que esconder, y que mantuvo de modo coherente la versión de su relato.
En ambos casos, solicitó la absolución de sus defendidos.
No hubo un asesinato planificado
La defensa oficial de Juan Ramón Rivero y un menor de edad, doctora Julieta Lacroze, enfatizó que se estuvo frente a una pelea y no un asesinato planificado: y que eso quedaba probado por la cantidad de involucrados, por el tipo de lesiones de los acusados y de los fallecidos, y por el tipo de armas empleadas.
Recalcó que el canal de investigación “nunca fue objetivo” porque “sólo se escuchó a las víctimas”. Dijo que hubo inferencias sesgadas y que las pruebas de Fiscalía se derrumbaban al no encajar en el corsé jurídico. “Después de un mes no sabemos cuál era plan orquestado, quien lo gestó o provocó. Lo que Fiscalía quería era corroborar su hipótesis, con pruebas”, allí que los peritajes fueron “direccionados” en uno u otro sentido.
En el caso del menor de edad en ese momento, sostuvo que estaba en el predio porque trabajaba allí para subsistir, y aseveró que no poseía intereses en el lugar. “Pero no pudo ubicarlo en el ataque a Sergio Canteros”. Desestimó la alevosía y el ensañamiento, y recordó que uno de los peritos sostuvo que las cuchilladas pudieron haber sido asestadas por varios autores.
En relación a Rivero, tampoco pueden ubicarlo en el lugar del hecho salvo testigos interesados. “No aparece en los videos, no presenta signos de lucha, no se identificó el supuesto hierro que utilizó…Tampoco se valoró que de modo inmediato se presentó a declarar”.
En ambos casos, solicitó la absolución de sus defendidos.
Asistió de modo virtual como en restantes oportunidades la doctora María Susana Galeano, jueza especializada en Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, quien debe estar presente ante una eventual responsabilidad de quien quien en el momento del hecho fuera menor de edad.
Queda pendiente el alegato de clausura del doctor Marcelo Hanson, que representa a María José Obes. La imputada se encuentra hospitalizada. La audiencia se retomará el lunes 12 a las 8 horas.
