La Cámara de Diputados confirmó esta tarde el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no conseguir la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso. A pesar de los 159 votos reunidos por bloques como la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, el kirchnerismo y otros, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró reunir 85 votos a favor del veto.

La intervención de Mauricio Macri fue clave para consolidar el apoyo del PRO, que había estado dividido por tensiones internas. La bancada, liderada por Cristian Ritondo, finalmente apoyó mayoritariamente al Gobierno, con solo dos diputados del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, votando con la oposición. Ritondo defendió la decisión, argumentando que era necesario ajustar el gasto y reducir el déficit.

Por su parte, los libertarios mantuvieron sus 39 votos, aunque la diputada Lourdes Arrieta, quien había formado un monobloque tras una disputa con Martín Menem, votó a favor del financiamiento universitario. La oposición, que originalmente impulsó la ley, enfrentó dificultades internas, con varios radicales divididos en sus posturas.

En el tablero, los diputados que apoyaron el veto fueron 84 pero hubo un problema con el voto de la diputada de La Libertad Avanza María Fernando Araujo. La diptuada porteña aseguró que le tomaron mal el voto y apareció como afirmativo.

Sin embargo, minutos más tarde pidió la corrección para que se registre como negativo a la ley de financiamiento, o sea apoyando al veto. Así, los números de la votación quedan: 159 a favor, 85 en contra y 5 abstenciones.

La balanza se inclinó a favor del Gobierno gracias a la influencia de los gobernadores, quienes orientaron a sus representantes en la Cámara. En este sentido, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, instruyó a sus diputados a apoyar el veto.

Para asegurar el respaldo del PRO, el Gobierno continuó negociando con los gremios docentes y anunció un aumento en la Garantía Salarial Docente, lo que fue recibido como un intento de mejorar los ingresos de los trabajadores en el contexto de la inflación.

Aunque la mayoría de la oposición se unió para rechazar el veto, la ausencia de la diputada catamarqueña Fernanda Ávila generó inquietud en el bloque de Unión por la Patria. En contraste, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda mantuvieron una posición unificada en contra del veto.

José Luis Espert, representante de los libertarios, cerró el debate afirmando que “la educación pública no está en peligro” y criticó la idea de que el Gobierno esté detrás de un intento de socavar la educación pública.