El proyecto de ley que propone derogar normativas aprobadas durante 16 gobiernos diferentes ya está a disposición de los legisladores. Según el Ejecutivo, estas leyes son consideradas “obsoletas e inútiles”.
El Gobierno presentó hoy al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, cuyo objetivo es eliminar normativas obsoletas y costosas que afectan a los contribuyentes y restringen las libertades individuales. Esta iniciativa busca derogar 70 leyes, muchas de ellas promulgadas durante el siglo anterior, que supuso gastos innecesarios a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios.
Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, la Ley Hojarasca pretende desmantelar barreras que restringieron las libertades de los ciudadanos, permitiendo que puedan realizar actividades permitidas por la Constitución sin la necesidad de leyes adicionales que se convierten en obstáculos. Este enfoque se basa en el principio de que la seguridad jurídica se ve perjudicada por la sobrerregulación, lo que a su vez afecta negativamente el desarrollo económico y personal.
El proyecto critica las corrientes ideológicas intervencionistas del siglo XX que promovieron la idea de que para ejercer un derecho era necesario contar con una ley que lo otorgara. Esta mentalidad llevó a presuntos a abusos y una situación en la que ninguna actividad parece posible sin la aprobación del Estado. Se subraya que el marco jurídico actual presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido, lo cual va en contra del espíritu de la Constitución que defiende la libertad individual.
Además, se denuncia que muchas de las leyes a derogar tienen raíces en concepciones autoritarias y militares que priorizan el control sobre la libertad. Aunque muchas fueron instauradas durante regímenes militares, también hay normativas promulgadas en democracias que sostuvieron esta sobrerregulación.
El Gobierno, a través de este proyecto, también busca fomentar actividades culturales, como el cine y el teatro, eliminando restricciones que obstaculizan su desarrollo y promoviendo un marco más equitativo en la regulación de sectores económicos. Se destaca la necesidad de revisar la normativa vigente desde 1864 para adaptar el marco legal a los tiempos actuales y garantizar la máxima libertad a los ciudadanos.
