El abogado Ricardo Sosa, en vivo en Sudamericana, analizó las medidas anunciadas por el gobierno nacional respecto a la imposibilidad de que personas privadas de la libertad soliciten un cambio de género para su tratamiento penitenciario.
El abogado Ricardo Sosa explicó que el derecho a peticionar ante las autoridades está garantizado por la Constitución Nacional y no puede ser suprimido. “El presidente dijo que a partir de ahora no se va a poder pedir cambio de género en el ámbito penal. Sin embargo, peticionar a las autoridades no está prohibido, es un derecho amparado por la Constitución”, afirmó.
El abogado sostuvo que, en el marco actual, quienes toman decisiones sobre este tipo de solicitudes no son las autoridades del Ejecutivo, sino los jueces. “El juez es quien tiene la potestad de decidir sobre la privación de libertad de una persona y su alojamiento en función de su situación particular”, detalló.
Respecto a las implicancias de los cambios de género en contextos penitenciarios, Sosa relató casos polémicos que se han presentado en el pasado. “Hubo situaciones en las que, tras un cambio de género, personas con genitales masculinos fueron alojadas en penales de mujeres, y esto derivó en incidentes graves, como violaciones. Es por eso que cada caso debe analizarse de forma particular y no de manera genérica”, comentó.
El especialista destacó la importancia de garantizar condiciones dignas en las cárceles, señalando que alojar a personas en lugares inadecuados puede derivar en peligros para ellas y para otros internos. “La Constitución establece que las cárceles no son para castigo, sino para rehabilitación”. Sin embargo, la realidad carcelaria muchas veces dista de ese ideal, analizó.
El abogado destacó la necesidad de reformar el sistema penitenciario para evitar problemáticas estructurales, como la sobrepoblación y la falta de acceso a derechos básicos, como la educación y el trabajo. También abogó por un mejor control de la comunicación desde las cárceles. “Es sabido que muchos delitos se organizan desde dentro de los penales. Más que prohibir el uso de celulares, deberían establecerse controles efectivos”, concluyó.
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