La fiscalía de Corrientes y la querella consideraron al líder de Generación Zoe y a otros cinco imputados como integrantes de una asociación ilícita que cometió una “estafa continuada” con la captación de fondos a partir de la promesa de importantes ganancias en dólares
Los fiscales de Corrientes Rubén Barry y María Eugenia Ballará pidieron al Tribunal Oral de Goya que condene a Leonardo Cositorto y a otros cinco imputados como integrantes de una asociación ilícita que habría ejecutado una estafa “reiterada” y continuada en el tiempo al quedarse con el dinero de al menos 98 usuarios que invirtieron en las plataformas de Generación Zoe ante la promesa de obtener importantes ganancias en dólares, en lo que, para los acusadores, se trató de un fraude tipo Ponzi. La querella coincidió en el calificación, en tanto que las defensas pidieron la absolución de todos los acusados, al considerar que hubo un “incumplimiento contractual”, pero no un delito.
Los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte dispusieron que los alegatos del Ministerio Público, las querellas y las defensas se completaron el miércoles. Por eso, se espera que el viernes se dicte la sentencia en este primer caso en el que Cositorto llega a la etapa de juicio.
Según informó la Dirección de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial de Corrientes, al término de su alegato, que comenzó el miércoles a las 8.30, el fiscal Barry sostuvo que “se ha comprobado que Leonardo Nelson Cositorto, como líder de la organización, y los otros cinco imputados – Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina– conformaron una asociación ilícita”.
”Los organizadores o jefes idearon y planificaron la oficina de la ciudad de Goya poniendo en marcha una estafa piramidal a través de herramientas de engaño indujeron a error a los inversores”, sostuvo Barry, en referencia a Cositorto y a Batista. Agregó que “se presentaron como una academia de coaching financiero, como una empresa de educación, pero esto era una pantalla para traer inversores”.
A su turno, la fiscal Ballará agregó que durante la etapa de presentación de testimonios y pruebas en el juicio que comenzó en octubre de 2024 “se logró comprobar que la asociación fue creada para delinquir”. Afirmó que “todos sabían cuál era el rol que le cabía a partir de la puesta en funcionamiento de la oficina en la ciudad de Goya” y explicó que “la asociación ilícita se consuma con el solo hecho de formar parte, pero esta asociación ilícita cometió delitos de estafa en manera reiteradas vendiendo la ilusión de que al colocar su dinero tendrían rédito económico”.
El abogado querellante, Pablo Andrés Fleitas, adhirió a los argumentos detallados por la fiscalía en cuanto al delito penal por los cuales Cositorto y sus colaboradores fueron enjuiciados. “Estamos seguros de que las empresas madres eran Generación Zoe y Zoe Empowerment SA […] Claro está que lo que ellos ofrecían era que la gente hiciera esta suerte de inversión con un plan genérico de inversión y ganancias y ofertas que prometía a las víctimas […] Está perfectamente clarificado que cada mes tenían una promoción y de allí sacaban un bot de cada uno de esos meses”. Por eso, pidió que “cada uno de los imputados sean declarados responsables de los delitos de asociación ilícita y estafa continuada, en concurso real”.
En octubre pasado, a poco de comenzar el debate, los abogados de Cositorto pidieron la suspensión del juicio bajo el argumento de que habían llegado a un acuerdo económico con los 98 denunciantes. En el denominado “convenio de reparación patrimonial” cuya homologación fue puesta a disposición del tribunal, Cositorto habría ofrecido 340.000 dólares para compensar a los damnificados. Pero el Ministerio Público de Corrientes opinó que el acuerdo debía ser rechazado porque, además del interés particular de cada damnificado, “el líder de Generación Zoe y sus cómplices habrían afectado otros bienes jurídicos protegidos por la ley: el orden público y la seguridad jurídica”.
Entre los fundamentos del rechazo al acuerdo entre Cositorto y las víctimas, los fiscales tuvieron en cuenta que la compleja actividad delictiva de los acusados atentó contra otros bienes jurídicos protegidos por la ley.
En el acuerdo entre las víctimas y Cositorto, la parte acusadora exigió que se mantenga la confidencialidad sobre el origen del dinero con el que se concretaron las compensaciones económicas. Esta cláusula de confidencialidad fue rechazada por los fiscales debido a que se trataría de un blanqueo encubierto de dinero.
Otro de los elementos que el Ministerio Público tuvo en cuenta para seguir adelante con el juicio fue que el acuerdo violaría el principio de igualdad ante la ley debido a que Cositorto ofreció una solución económica conveniente para él y sus cómplices ante personas que perdieron todo lo que tenían cuando invirtieron en la empresa que había armado en Corrientes.
El juicio contra Cositorto en Goya es el primero que llega a esta etapa de una serie de procesos que el líder de Generación Zoe enfrenta en diferentes jurisdicciones del país. Esos procesos se iniciaron entre fines de 2021 y principios de 2022, cuando el supuesto esquema piramidal pergeñado comenzó a mostrar las primeras señales de que estaba a punto de colapsar. Se iniciaron causas penales por denuncias presentadas en Corrientes, Córdoba, Salta y Rosario y la ciudad de Buenos Aires.
En febrero de este año, en medio de este juicio, Cositorto recibió una buena noticia: la Comisión Nacional de Valores (CNV) absolvió al líder de Generación Zoe en un sumario administrativo abierto de oficio en 2022, al considerar que no había realizado oferta pública de valores negociables y, en consecuencia, “no violó la ley de mercado de capitales”.
Generación Zoe comercializaba un fideicomiso que ofrecía retornos en dólares que no tenían ningún tipo de relación con otras inversiones disponibles y una criptomoneda llamada Zoe Cash, que supuestamente estaba respaldada en oro. Sin embargo, recién desde el año pasado, la CNV obliga a las empresas o personas que ofrecen servicios relacionados con activos virtuales, como criptomonedas o tokens digitales, a inscribirse en un registro.
“Prima facie, el material recabado previo a la intimación al cese y a la subsecuente instrucción de sumario, daba indicios de una posible captación de ahorro público a través de elementos y mecanismos cuyo control y regulación reposan sobre esta CNV. No obstante, a raíz de un exhaustivo accionar, y, finalizada la tramitación sumarial, se concluyó que la conducta observada no configuró un obrar contrario a las normas en lo que hace al marco de competencia del organismo”, dice en los considerandos de la resolución de la CNV, que también señala que lo dictaminado es sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera comprenderles en el ámbito judicial.
Conocida la resolución de la CNV, Cositorto volvió a decir que es inocente y que el juicio que enfrenta “un juicio ilegal, perverso y nulo, armado por la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior”. En un posteo en su cuenta de la red social X, sostuvo: “Los mismos que se llenaban los bolsillos mientras nos robaban a todos con impuestos, inflación y miseria. Los canales de TV cuando les convenía me hicieron mil notas llamándome el rey de la estafa. Ahora que la CNV nos absolvió, esos mismos programas no abren el micrófono. Se les cayó el circo, pero siguen protegiendo a los verdaderos ladrones”.
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