El proyecto, que fue anticipado por el presidente en la Asamblea Legislativa, contempla además que deportará a quienes cometan delitos. En caso de aprobarse, será más difícil obtener la radicación definitiva y habrá mayores controles en las fronteras
El Gobierno nacional trabaja en la redacción de una nueva Ley de Migraciones y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine el 2025. Durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei destacó la necesidad de endurecer las políticas migratorias, argumentando que el Estado argentino debe dejar de ser un “centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos”.
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Entre los principales cambios que plantea la nueva normativa se incluyen:
- Cobro de aranceles en salud y educación para extranjeros no residentes.
- Mayor celeridad en la deportación de inmigrantes que cometan delitos.
- Más requisitos para obtener la residencia en Argentina.
- Refuerzo en los controles fronterizos para impedir el ingreso ilegal.
Restricciones en salud y educación
El cobro de servicios sanitarios y educativos a extranjeros ya se ha implementado en algunas provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, lo que, según autoridades locales, ha reducido los llamados “tours sanitarios” y generado un importante ahorro en los presupuestos de salud pública. Ahora, el Gobierno busca extender esta medida a nivel nacional y habilitar a las universidades a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
Sin embargo, esta última propuesta genera divisiones en el Congreso, ya que la educación pública gratuita es un pilar del sistema universitario argentino y cuenta con un fuerte respaldo social. “Si las reformas no se aprueban, el fracaso será atribuible a la casta política”, comentó un funcionario cercano a Milei, sugiriendo que, si el Congreso rechaza la iniciativa, el Ejecutivo podría avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Deportaciones más rápidas y endurecimiento de requisitos
El Gobierno busca agilizar las deportaciones de extranjeros que cometan delitos y ampliar el número de delitos que impidan el ingreso o la permanencia en el país. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, se incluirá la expulsión inmediata para quienes sean atrapados “en flagrancia” cometiendo un crimen o participando en “ataques contra el sistema democrático y las instituciones”.
Además, se prohibirá el ingreso a personas con documentación falsa o que tengan intenciones sospechosas al ingresar al país.
Más controles fronterizos
El Ejecutivo también planea reforzar la vigilancia en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay para evitar el ingreso irregular y combatir delitos como el narcotráfico y el contrabando. Para ello, se sumarán nuevos radares y controles migratorios más estrictos.
La reforma migratoria de Milei sigue un modelo similar al aplicado por Donald Trump en Estados Unidos, con quien el presidente argentino mantiene una fuerte sintonía ideológica. Fuentes oficiales indican que el Gobierno analiza replicar algunas de las medidas de la administración republicana en materia de control migratorio y deportaciones.
Modificación de la Ley de Migraciones
Uno de los puntos clave de la reforma será la modificación del artículo 6 de la Ley 25.871, que actualmente garantiza a los inmigrantes el mismo acceso a salud, educación, empleo y seguridad social que los ciudadanos argentinos. Con la nueva legislación, estos beneficios quedarían restringidos para aquellos que no tengan residencia permanente.
