El máximo tribunal iniciará su nueva etapa este miércoles con cuatro jueces en funciones. Del mismo modo, evaluará la solicitud de licencia del magistrado, quien busca asumir su cargo sin renunciar a su puesto en la justicia federal.
La Corte Suprema de Justicia afronta una nueva etapa con cuatro jueces en funciones mientras aguarda la posible incorporación de Ariel Lijo. Este miércoles, el máximo tribunal evaluará la solicitud de licencia del magistrado, quien busca asumir su cargo sin renunciar a su puesto en la justicia federal. Sin embargo, no se espera una resolución inmediata, ya que persisten discrepancias dentro de la Corte.
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La Cámara Federal ya avaló la licencia de Lijo, lo que permitió que Manuel García Mansilla jurara y asumiera como juez del tribunal el jueves pasado. No obstante, en el seno de la Corte hay diferencias sobre la autorización a Lijo. Mientras que Carlos Rosenkrantz se opone, argumentando que el juez debe renunciar antes de incorporarse, Ricardo Lorenzetti sostiene que el visto bueno de la Cámara es suficiente. En tanto, Horacio Rosatti y García Mansilla aún analizan la cuestión.
El Senado también es un actor clave en este proceso. En las próximas horas, podría convocarse una sesión especial para tratar el pliego de Lijo, cuyo nombramiento ya fue aprobado en comisión el año pasado. Si el Senado avanza con la aprobación, la decisión de la Corte sobre su licencia quedaría sin efecto, cumpliendo así con la máxima que se repite en los pasillos del tribunal: “Que los problemas de la política los resuelva la política”.
La dinámica interna de la Corte está bajo la lupa, ya que el reglamento establece que las decisiones de superintendencia se resuelven por mayoría simple. A pesar de las versiones que indican lo contrario, no existe antecedente de que el presidente del tribunal tenga doble voto. Rosatti, en su rol de titular de la Corte, solo tiene la facultad de representar al organismo y enviar los expedientes al acuerdo.
El panorama se complejiza aún más debido a una causa que involucra a Rosenkrantz y que sigue abierta en el juzgado de Lijo. En 2019, el fiscal Eduardo Taiano solicitó investigar al juez de la Corte por presuntas cuentas no declaradas en el exterior.
La incertidumbre sobre el futuro de Lijo radica en que su nombramiento por decreto del presidente Javier Milei solo le garantizaría el cargo hasta fin de año. En este contexto, el magistrado busca asegurar su designación vitalicia a través del acuerdo del Senado. Sin embargo, el pliego, que en un principio contaba con el respaldo necesario, quedó en suspenso tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, lo que generó dudas entre aliados y opositores.
El presidente Milei defendió la constitucionalidad de los nombramientos en comisión por decreto y señaló que la Corte legitimó este mecanismo al tomar juramento a García Mansilla. “La evidencia de que el nombramiento de García Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento”, sostuvo en una entrevista. Además, calificó de “ñoños republicanos” a quienes cuestionan la medida y criticó la demora del Congreso en aprobar los pliegos enviados en marzo del año pasado.
A pesar de este respaldo, la designación de jueces por decreto genera incomodidad dentro de la propia Corte. Si bien en 2015 el expresidente Mauricio Macri utilizó este mecanismo para designar a Rosatti y Rosenkrantz, ambos solo asumieron sus cargos tras recibir el acuerdo del Senado.
