En las próximas semanas, deberán declarar Cristian Villani, director de Gestión Administrativa y Técnica dependiente de del Área de Diseño de Normas y Procesos de la ANSES, y María Alejandra Bergamaschi, ex directora de la Dirección General de Normas y Procesos del organismo.
Pollicita busca determinar quiénes intervenían en la asignación, control y pago de jubilaciones de exmandatarios y, bajo esa premisa, ya realizó una primera ronda de indagatorias a empleados y exempleados de ANSES pero no obtuvo respuestas precisas.
En el expediente que se tramita en Comodoro Py, Cristina Kirchner fue denunciada por la propia ANSES por administración fraudulenta, estafa y falsedad ideológica. Cuando respondió la demanda, la exvicepresidenta argumentó que su domicilio se encuentra en Río Gallegos, ciudad donde ejerce su derecho al voto, motivo por el cuál le corresponde el cobro del plus cuestionado.
En diciembre, el gobierno de Javier Milei dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, tras la confirmación de la pena a la expresidenta en la Causa Vialidad.
Según el Ejecutivo, la expresidenta cobrada unos $21.827.624 mensuales netos y, la quita de la jubilación, se justifica, entre otros supuestos, porque se trata de un “beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.
Tras conocerse la decisión del gobierno, la defensa de Cristina Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir la medida donde consideró que se trata de un paso “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación.
Su abogado aseguró que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”. Y agregó: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.
Esta causa se tramita actualmente en el fuero de la Seguridad Social.
