El líder de Generación Zoe fue hallado culpable de 118 hechos de estafa que involucraron un perjuicio económico de más de 770 millones de pesos. La sentencia fue dictaminada por la Justicia de Salta.
La Justicia de Salta condenó este viernes a Leonardo Cositorto a 11 años de prisión efectiva, tras ser hallado culpable por los delitos de estafa y asociación ilícita en el marco de la causa por la megaestafa de Generación Zoe. El veredicto fue dictado por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans, quienes encabezaron el proceso judicial en la provincia.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado una pena de 14 años de prisión. Finalmente, el tribunal resolvió imponerle 11 años al considerar su responsabilidad en 118 hechos de estafa que habrían generado un perjuicio económico de aproximadamente 776 millones de pesos.
En la misma causa también fueron condenados Jorge Federico Vilardel, hermano de Cositorto, a cinco años de prisión, y Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, su hermana, a tres años de prisión en suspenso.
Durante su última declaración en el juicio, Cositorto reiteró su inocencia y sostuvo que la imposibilidad de reembolsar los fondos a los inversores se debió a decisiones judiciales. “Nos frenaron la posibilidad de cumplir”, afirmó, en alusión al congelamiento de fondos por parte de la Justicia. En ese marco, señaló que en Goya, Corrientes, “se podrían haber devuelto 170 mil dólares” y otros “250 mil dólares en Buenos Aires”.
El empresario insistió en que Generación Zoe contaba con recursos para hacer frente a los reclamos, pero que fueron incautados. “Todo esto es ridículo, porque la deuda es mínima comparada con el volumen total que manejaba la empresa”, expresó ante los jueces.
El juicio oral comenzó el 4 de junio y durante su desarrollo declararon más de 100 testigos. Cositorto sostuvo durante todo el proceso que se mantuvo a disposición de la Justicia: “Puse la cara todos los días”, dijo.
Asimismo, el acusado manifestó su malestar por el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria y denunció dificultades para mantener contacto con su hijo. También presentó un habeas corpus al inicio del proceso, en el que reclamó la falta de acceso a medicación psiquiátrica y la carencia de productos de higiene en su lugar de detención.
Radio SUDAMERICANA
