El Gobierno adelantó que la vetaría. El temario incluiría la aprobación de los cambios en el reparto del impuesto a los combustibles y la insistencia por la ley de ATN. La Casa Rosada intensifica las negociaciones con gobernadores
La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto avanzar en una nueva sesión en la que los bloques de la oposición buscarán seguir marcando la agenda parlamentaria y el gobierno podría enfrentar una nueva derrota con un proyecto de ley que, según adelantaron desde el oficialismo, tendría como destino el veto presidencial.
La confirmación de la intención de ir al recinto el próximo miércoles 1 de octubre se dio esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando la oposición le pidió a José Luis Espert liberar los miércoles porque “es muy probable” que haya sesión. Pero en las últimas horas, en las negociaciones entre los secretarios parlamentarios, apareció el 8 de octubre como la opción más viable.
El temario tendrá como eje principal una ley que viene negociando la oposición y que ya cuenta con media sanción del Senado que modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU-, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
El próximo martes -así quedó establecido en el emplazamiento que se realizó en la última sesión- se dictaminará la norma en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO) respectivamente.
El proyecto establece que sólo con el rechazo de una de las dos Cámaras el DNU pierde validez. Hoy la ley marca que debe ser rechazado por los dos tercios de ambas Cámaras, lo que significa que es más simple aprobar una ley que rechazar un decreto.
La intención de la oposición -conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y hasta un sector del PRO- es avanzar rápido con el tema porque entienden que tiene como destino, de aprobarse, el veto presidencial y quieren contar con el tiempo suficiente para ir con la insistencia de la norma antes del próximo 10 de diciembre cuando cambie la conformación del Congreso de la Nación.
“La Libertad Avanza no va a contar con una mayoría a partir de diciembre, pero sí le puede alcanzar para tener un bloque propio de más de un tercio de la Cámara de Diputados. Si lo logran, el presidente Javier Milei va a poder seguir gobernando por decreto como hasta ahora y va a saltear el Congreso. Nos va a convertir en algo peor que una escribanía”, explicó un diputado de uno de los bloques de la oposición que empujan la ley.
Otro punto fundamental que modifica es que los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. Y, por último, que los decretos sólo pueden versar sobre una materia específica, lo que prohibiría DNU como el 70/23 de desburocratización del Estado.
Otros dos proyectos que también están en el temario que se negocia por estos días son los proyectos de ley de los gobernadores: las modificaciones al reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la insistencia de la norma que establece la forma de pago de los Adelantos del Tesoro para que se paguen de manera diaria y justo a la coparticipación. En este último caso, el Senado ya aprobó la insistencia.
Estos proyectos son impulsados por los gobernadores y el flamante Ministerio del Interior busca reactivar el diálogo con los jefes de los estados provinciales para intentar que se caiga el reclamo en busca de una solución alternativa.
En las últimas horas, se metió en la discusión el acuerdo con los EEUU y el reclamo de parte de los organismos internacionales de crédito para que el gobierno tenga una plataforma política más amplia que le permita llevar adelante las reformas. Para que esto suceda es fundamental para el Ejecutivo reconducir la relación con las provincias, por eso se hizo circular un nuevo llamado al diálogo.
Según publicó Infobae, varios de los gobernadores presentes en una cumbre en Bariloche se mostraron permeables a un diálogo con el Ejecutivo, pero después de las elecciones.
El temario tendría los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la forma en la que se reglamentó la Ley de Discapacidad que hace imposible su aplicación. En este último punto, hay varios proyectos y todavía no hay acuerdo respecto de por cuál de todos se volcarían los bloques de la oposición.
Por último, y en un clima de falta de confianza de los diputados de la oposición respecto del rol de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y de las intenciones del Gobierno de tener o no ley para el año que viene, los bloques opositores buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda.
La intención es la de proponer un cronograma de encuentros y de asistentes del Poder Ejecutivo, con fecha de inicio y de cierre, con el fin de que el oficialismo no tenga este año la opción de cancelar el debate como hizo el año pasado Espert.
