La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó este miércoles la adhesión al artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737, modificado por la Ley Nº 26.052, que habilita a las provincias a intervenir en casos de comercialización minorista de estupefacientes. Con esta decisión, Corrientes se suma al grupo de jurisdicciones que ya cuentan con legislación para que sus fuerzas provinciales y la Justicia local participen activamente en la lucha contra el narcomenudeo.
El proyecto, que ya había obtenido media sanción del Senado provincial, establece en su artículo 2 que el Poder Ejecutivo deberá solicitar a la Nación la transferencia de recursos presupuestarios correspondientes a la seguridad, el servicio penitenciario y la administración de justicia. Hasta que se concrete ese traspaso de fondos, será la Provincia la que deberá asumir los costos necesarios para implementar la ley.
Este punto generó cuestionamientos dentro del ámbito judicial y político, debido a la incertidumbre que genera financiar con recursos propios una competencia que hasta ahora estaba en manos del fuero federal.
Durante la sesión, algunos legisladores del bloque Unión por la Patria decidieron abstenerse, entre ellos César Lezcano, Marlen Gauna, Germán Braillard y Adriana Cleofe Vidal Domínguez. La preocupación compartida fue la falta de garantías presupuestarias para afrontar el nuevo esquema sin sobrecargar el sistema judicial y penitenciario provincial.
A pesar de las diferencias, la norma fue finalmente aprobada y marca un cambio sustancial en el abordaje del delito vinculado al narcotráfico, permitiendo a la Justicia provincial actuar en causas que antes eran competencia exclusiva del fuero federal.
