Con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el texto terminó fijando en 14 años la edad mínima y establecía penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
La bancada de Unión por la Patria sostuvo que la edad no debía cambiarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación a la normativa actual.
El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.
Sin embargo, al no ser tratado durante el período legislativo, el texto perdió estado parlamentario. Ante eso, el Gobierno busca imponer, merced a la nueva composición de las cámaras del Congreso, su plan original, que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.
Con la ley actual, un adolescente de 15 años que comete un homicidio no puede ser condenado penalmente, aunque puede quedar internado por decisión judicial bajo un régimen tutelar.
Con la reforma, ese mismo adolescente podría ser juzgado y condenado, aunque con límites estrictos en el tipo y duración de la pena.
También habría cambios para jóvenes de 16 y 17 años: delitos hoy no punibles, como un robo simple, pasarían a tener sanción penal, aunque sin cárcel si la pena prevista no supera los 3 años.
Organismos como UNICEF cuestionaron la iniciativa y señalaron que bajar la edad de punibilidad no es una condición necesaria para reformar la justicia penal juvenil. Según el organismo, la evidencia internacional muestra que este tipo de medidas no reduce la inseguridad y puede implicar retrocesos en derechos humanos.
La Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN) recordó además que países como Dinamarca y Georgia redujeron la edad de imputabilidad y luego revirtieron la decisión tras observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
