En la resolución se destacó que, pese a que este tipo de maniobras suele resultar de difícil comprobación —por llevarse a cabo en zonas despobladas, sin testigos directos y con escasa prueba material—, en este caso se logró acreditar íntegramente el ilícito y recuperar la totalidad de los animales sustraídos, que fueron restituidos a su propietaria.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución N° 23, de fecha 2 de marzo de 2026, por el doctor Leandro Damián Llorente.
Según surge de la investigación, el hecho habría ocurrido a mediados de 2022 en el Paraje Los Vences, cuando fueron sustraídos ocho animales vacunos propiedad de la señora B.S.R.
De acuerdo con lo acreditado en la causa, los imputados —identificados como D.V., V.M.N.O. y F.A.C.— fueron detectados inmediatamente después de la sustracción y traslado de los animales, junto con la camioneta y el tráiler utilizados para concretar el transporte.
El magistrado dispuso el procesamiento de los tres por el delito de abigeato agravado, en razón de la cantidad de cabezas de ganado sustraídas, la utilización de un medio motorizado para el traslado y la participación de varias personas, en concurso ideal.
En la resolución se destacó que, pese a que este tipo de maniobras suele resultar de difícil comprobación —por llevarse a cabo en zonas despobladas, sin testigos directos y con escasa prueba material—, en este caso se logró acreditar íntegramente el ilícito y recuperar la totalidad de los animales sustraídos, que fueron restituidos a su propietaria.
La participación del funcionario policial
La investigación también permitió identificar la intervención de un funcionario policial, P.A.P., integrante de la Oficina de Marcas y Señales de la dependencia policial de Lomas de Vallejos.
Según se determinó, el agente habría facilitado el accionar delictivo al autorizar una guía de ganado para el traslado de los animales sustraídos, documento que llevaba su firma y sello. Por este motivo fue procesado por el delito de encubrimiento doloso.
El juez Llorente entendió que el funcionario conocía el origen ilícito del ganado y que su conducta fue intencional. Para fundamentar esta conclusión, sostuvo que la omisión de control de los animales, su intervención en la emisión de la guía de traslado y la falta de registración en los libros correspondientes constituyeron una conducta deliberada.
En ese sentido, el magistrado aplicó la doctrina de la “ignorancia deliberada” o “ceguera ante los hechos”, al considerar que el funcionario, advirtiendo la posible ilicitud del abigeato, decidió mantenerse en una situación de aparente desconocimiento y no cumplir con su deber de control y registro.
La causa continúa su trámite procesal conforme a las etapas previstas por la ley.
