Este jueves la fiscalía presentó por escrito y antes el juez sus alegatos finales.
En las últimas horas se conoció que la abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas en Brasil, tuvo un giro inesperado en su situación judicial. La fiscalía redujo la acusación inicial y planteó un esquema de sanción que combina tareas comunitarias con un resarcimiento económico a las víctimas.
En ese contexto, el eje del proceso dejó de centrarse en una posible pena de prisión prolongada y comenzó a enfocarse en una indemnización que podría implicar un desembolso millonario por parte de la acusada.
Según trascendió, la abogada santiagueña debía abonar cerca de 150.000 dólares como compensación a las tres personas que la denunciaron por gestos racistas. La cifra, que surgió en la audiencia preliminar del martes -instancia que marca el inicio del juicio oral en ese país-, generó un fuerte rechazo en la opinión pública brasileña.
La población interpretó el pago como una forma de “comprar” la libertad y evitar una condena efectiva por un delito de carácter racial. Ante esta reacción, la fiscalía dio marcha atrás en el acuerdo y solicitó al juez que primero se dicte una sentencia formal antes de evaluar cualquier flexibilización de las medidas cautelares.
Por qué la abogada argentina todavía no puede volver al país
Esa decisión volvió a poner en pausa el caso y dilató cualquier definición sobre su regreso al país, que ahora podría demorarse al menos dos semanas.
La difusión pública de esa cifra altero el curso natural de la causa. Desde la defensa explicaron que la filtración no provino de la acusada, sino de preguntas realizadas por periodistas durante una conferencia en el consulado argentino. Aun así, el dato fue considerado relevante por la acusación para pedir que se demore cualquier resolución.
En tanto, este jueves la fiscalía presentó por escrito y antes el juez sus alegatos finales, mientras que la defensa lo hará en las próximas horas junto a un habeas corpus en el que va a aclarar que Agostina en ningún momento reveló públicamente las cifras del resarcimiento económico para las víctimas y que solo fue una pregunta de la prensa.
La defensa trabaja para que el proceso pueda continuar en la Argentina, mientras se aguarda la resolución judicial que definirá tanto el monto definitivo de la indemnización como las condiciones de cumplimiento de la pena.
La acusación de racismo
El conflicto que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero pasado y tuvo su origen, según la versión de la imputada, en una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Allí había ido con amigas con las que estaba de vacaciones en las playas cariocas.
“Con mis amigas, cuando volvíamos, la discusión era ‘mirá si nos perseguían, si nos seguían al departamento’. Ahí me doy cuenta de la gravedad del racismo para las leyes y la cultura de acá, de Brasil”, detalló.
“Hay una discusión sobre la cuenta, con mis amigas mostrábamos los comprobantes, decíamos que no era por eso, una de mis amigas me dice ‘grabá’… Nos querían cobrar cosas que no habíamos consumido. No entendíamos y a la salida quedamos retenidas. Ahí comienza una discusión, se nos burlan y empieza un enojo por parte de ellos”, explicó Páez sobre el momento que quedó capturado en video.
Y sumó: “Finalmente pagamos, nos dejan bajar, nos estamos por ir y ahí escuchamos un grito, el chico se toca los genitales, mi amiga le hace un gesto de basta y yo reacciono cuando hago el gesto obsceno. Yo reacciono de la peor forma y estoy muy arrepentida. Ninguna tomó dimensión”.
